El Senado aprobó ayer una resolución mediante la cual solicita a la Procuraduría General y a la Consultoría Jurídica del Poder Ejecutivo investigar el paradero dado a más de 300 millones de pesos de los fondos mineros por la Corporación de Empresas Estatales (Corde) y que corresponden a La Vega y a Sánchez Ramírez.
La iniciativa sobre el destino dado a las ganancias obtenidas por las 285,982 acciones que tiene el Estado en la Falconbridge o Falcondo Xstrata Nickel, procura determinar probables ilícitos e infracciones.

La pieza es una iniciativa del senador Euclides R. Sánchez, quien solicitó al procurador General, Jean Alain Rodríguez y al consultor jurídico del Poder Ejecutivo, Flavio Darío Espinal, “asumir este caso como prioritario y en un breve plazo dispongan las medidas legales de rigor”. Los planteamientos de Sánchez fueron respaldados por el Senador Félix M. Vásquez.

Agregó, además, que le darán el debido seguimiento al caso, hasta que estos fondos aparezcan y sean entregados a sus legítimos dueños que son La Vega y Sánchez Ramírez.

Ambos senadores exigen establecer sanciones drásticas en caso de que se determine que hubo distracción o un uso inapropiado, “ya que según la Ley No. 507 – 05 dichos recursos proceden del 20% y el 10% que corresponden a las provincias La Vega y Sánchez Ramírez respectivamente, como mecanismo para compensar o al menos mitigar el pasivo social y ambiental que generan las actividades de explotación minera”.

Precisaron que de acuerdo con la auditoría especial de la Cámara de Cuentas al periodo del 1° de enero de 2004 al 31 de diciembre de 2014, hubo una distracción de RD$300 millones y otras partidas millonarias, destinados al proyecto habitacional y comercial ‘‘Metrópolis’’ en Santo Domingo.
Los senadores aprobaron otra resolución que solicita a la Junta Central Electoral (JCE), desistir de la intención de aplicar una nueva distribución de diputados para las elecciones de 2020. Recordaron lo que establece la Constitución.