Una amiga me relató casi con lágrimas en los ojos, cómo una joven haitiana fue soporte afectivo emocional para su madre de unos noventa años durante una larga convalecencia consecutiva a una fractura de cadera y los achaques propios de su edad. Su madre falleció, pero me dijo que, si alguien tratara de hacerle daño a esa haitiana, lo enfrentaría con uñas y dientes hasta las últimas consecuencias, agregando que la decisión del Tribunal Constitucional dominicano fue una barbaridad porque esta jovencita tiene sobrados atributos para ser aceptada como dominicana, sin importar cómo haya llegado al país.

Le dije que la decisión del Tribunal Constitucional tenía sus fallas, pero que el espíritu era detener la forma creciente y peligrosamente desordenada en que los haitianos estaban penetrando a la República Dominicana, señalándose que hasta guaguas repletas de gestantes a término se introducen por áreas fronterizas, favoreciendo que se produzcan situaciones en unidades de cuidados intensivos en hospitales de maternidad, con las camas ocupadas por haitianas, limitando las posibilidades de esos servicios a las dominicanas.

Le pregunté si le gustaría que Santo Domingo fuera un gran “pequeño Haití”; si querría que la inmigración ilegal masiva (millones) de haitianos limitara las fuentes de trabajo y alimentación; que nuestras escuelas y universidades tuvieran que restringir el acceso a dominicanos por estar los espacios ocupados por haitianos y que en algún momento su preponderancia numérica les permitiera elegir a nuestros gobernantes.

Su respuesta fue un contundente ¡noooo! aceptando que el caso de su querida haitiana es uno y puede repetirse varias veces, pero el de los diez millones de haitianos en su país es otro extraordinariamente complejo.