Este país, que lidera el crecimiento económico de la región, no solo tiene la generación NiNi más numerosa, sino que además registra una impresionante tasa de desempleo de jóvenes en edades entre 15 y 24 años. Y no se trata de cifras invocadas por la oposición política, sino el resultado del análisis “¿Crisis del empleo juvenil en la República Dominicana?”, publicado en el boletín del Observatorio de Políticas Sociales del Gabinete Social de la Vicepresidencia de la República.
La generación NiNi la componen jóvenes desmotivados, que por causas ajenas a la oferta laboral, no se preocupan por estudiar ni trabajar. Pero el estudio que referimos se basa en jóvenes con preparación que buscan empleo para integrarse a la Población Económicamente Activa, pero no encuentran, a pesar de sus esfuerzos. Que en esa franja de edad el índice de desempleo (30%) duplique la tasa nacional, significa que el crecimiento económico no cumple la función de generar plazas de trabajo.
Como el estudio de referencia hay muchos que demuestran que el crecimiento económico sostenido no ha generado bienestar para la población, no solo en lo ocupacional, sino también en cuanto a acceso a servicios básicos como la salud, la alimentación adecuada, la vivienda y otros. Hay razones sobradas para exigir un enfoque más beneficioso de la política económica.

Cámara de Cuentas

La selección de los nuevos integrantes de la Cámara de Cuentas pone sobre el tapete la necesidad de que la fiscalización del uso de los recursos del Estado cumpla los objetivos de disuadir prácticas indecorosas que generalmente quedan protegidas por la impunidad. Ninguno de los expedientes puestos a disposición del Ministerio Público en la anterior gestión llegó a desembocar en un proceso formal del que pudieran resultar sentencias de castigo o absolución. La inacción en torno a los resultados de auditorías cargadas de indelicadezas se ha traducido en impunidad y estímulo de malas artes.
La aspiración de la sociedad es que los engranajes de la fiscalización conduzcan a consecuencias que determinen si ha lugar o no a la persecución judicial, y a juicios de los que se derive castigo o absolución.