En este país estamos muy lejos de poner la economía al servicio de la gente. El aserto se sustenta en la exclusión provocada por una inversión social insuficiente y mal dirigida, pobre garantía en calidad de servicios, debilidad institucional, gasto público no orientado hacia prioridades básicas y otras realidades. Por ejemplo, muchas empresas invierten en fuentes propias de energía por la inestabilidad y alto costo de la que suministra el sistema central. La pobre cobertura en suministro de agua potable obliga a fórmulas parecidas y buena parte de la población se ve obligada a consumir agua de baja calidad. La crisis intermitente en el sector salud añade cuentas a este rosario.

El Banco Mundial, en su estudio “¿Rentas o reformas? La economía política del desarrollo en República Dominicana”, hace una descripción de todas estas debilidades que permiten afirmar que la economía del país, de vigoroso y constante crecimiento, no está al servicio de la gente en la proporción que debiera. Y la situación tiende a agravarse, pues según otro estudio del mismo organismo, la clase media ha declinado un 4% en una década, debido a aumento de la pobreza y la vulnerabilidad. Sin duda hacen falta reformas integrales que modifiquen el modo en que la bonanza económica influye en la calidad de vida de la gente, en la gobernabilidad, en la seguridad ciudadana y, en fin, en el desarrollo humano en sentido general.

UNA PRÓRROGA FACTIBLE

El Plan de Regularización de Extranjeros está próximo a concluir la etapa de inscripción para los hijos de extranjeros nacidos aquí antes del 18 de abril de 2007. Esa parte del proceso debe cerrar el 28 de este mes. Sin embargo, son muchos los descendientes de extranjeros nacidos aquí, especialmente haitianos, que no han completado todos sus trámites por falta de documentos. El canciller haitiano, Pierre Duly Brutus, ha transmitido la aspiración del Gobierno de su país para que haya una prórroga. La Iglesia Católica local también se ha pronunciado en la misma línea.

Las autoridades dominicanas deben ponderar la factibilidad de esta prórroga, como gesto de buena voluntad y porque muchos indocumentados no son culpables de no haber podido completar el proceso al 28 de este mes. En reciprocidad, el Gobierno haitiano debe comprometerse a apresurar la documentación de sus súbditos.