El 62% cree se debe enjuiciar a los sobornados por Odebrecht

El 62% cree se debe enjuiciar a los sobornados por Odebrecht

Los políticos que recibieron sobornos de la constructora brasileña Odebrecht a cambio de favorecerla con la adjudicación de contratos para obras estatales deben ser enjuiciados y si son culpables deben ser encarcelados, según la opinión del 62% de la población consultada por la encuesta CID.
Un 20% de los ciudadanos entrevistados cree que los políticos vinculados con la referida trama de corrupción deberían ser enjuiciados y ser declarados inelegibles para trabajar en el Gobierno.
Asimismo un 7% de la población estima que se deberían remover de sus puestos si ocupan cargos actualmente; mientras que para el 9% se deberían tomar todas las medidas anteriores.
Con relación al conocimiento que tiene la población sobre el referido caso de corrupción, que involucró el pago de US$92 millones en sobornos, el 58% de los adultos consultados dijo tener mucho conocimiento sobre ese escándalo, y un 51% sabe algo.
Las personas con estudios universitarios son las que más conocimiento tienen sobre este hecho, pues así se expresó el 69%; lo mismo que el 59% de los que tienen estudios secundarios y el 51% con estudios primarios.
De acuerdo con la encuesta, la noticia de más impacto durante el último mes es el caso Odebrecht, con 24%; y le siguen los desastres naturales (22%), la delincuencia, violencia y crímenes (13%), las muertes, asesinatos, crímenes y secuestros (12%).
La empresa Odebrecht tiene presencia en la República Dominicana desde 2002, cuando obtuvo contratos para la construcción del Acueducto de la Línea Noroeste y la presa Pinalito, durante el Gobierno de Hipólito Mejía.
En los gobiernos de Leonel Fernández (2004-2012) ganó licitaciones para 15 obras de infraestructura.
En la administración del presidente Danilo Medina, específicamente en el 2014, ganó tres licitaciones para la carretera Circunvalación Norte, en Santiago, para el corredor Piedra Blanca-Ocoa, y para la central termoeléctrica Punta Catalina.
El Ministerio Público tiene abierta una investigación desde diciembre de 2016 y ha interrogado a alrededor de 30 personas, entre exfuncionarios, funcionarios actuales, legisladores y exlegisladores.
Sin embargo, todavía no se ha instrumentado ninguna acusación.

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