El 86% de las instituciones públicas incumplen la Ley de Libre Acceso a la Información Pública. De los 22 ministerios del Estado solo el 13% de las entidades cumplen con el plazo establecido en la ley.
Según el informe “Ranking de Acceso a la Información Pública de los Ministerios del Estado” presentado por la investigadora Carolina Santana Sabbag, en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra (PUCMM), el 26% de los proyectos y programas destinados a publicitar de manera activa carecen de actualización y el 45% no está disponible.
Durante la investigación se encontró que una gran parte de las páginas web de los ministerios contienen toda la información referente a nómina, compras menores, presupuestos, finanzas y proyectos; más no todas estaban actualizadas.
Al momento del estudio el 14% de las instituciones no tenían actualizada las informaciones en sus portales web.
El informe señaló además que la institución con más baja puntuación en el ranking de facilidad de acceso es el Ministerio de Educación Superior Ciencia y Tecnología (Mescyt), el cual obtuvo una puntuación de 3.25 en una escala de 35. Seguido por el Ministerio de Deporte y Recreación con 6.75 puntos.
Mientras que, los ministerios con mejor puntuación en el cumplimiento de la ley fueron: el Ministerio de la Presidencia con 31 puntos, el Ministerio de Energía y Minas con 30 y en la tercera posición el Ministerio de Administración Pública con 29.
La investigación fue realizada del 15 de septiembre del 2017 al 10 de octubre del mismo año en torno a las políticas públicas para la provincia de San José de Ocoa.
Para el desarrollo del estudio se tomó en cuenta si las extensiones de las oficinas de Libre Acceso a la Información (OAI) de las instituciones se encontraban en el sistema telefónico automatizado. Se consideró el número de traspasos realizados desde la central telefónica hasta la OAI.
Además de las indicaciones que les fueron dadas a los usuarios al momento de requerir la información.
Otro elemento que se evaluó sobre cada institución en particular fue su disponibilidad en el Portal Único de Solicitud de Acceso a la Información Pública (SAIP), donde se encuentra un formulario que permite enviar la solicitud a varias entidades y facilitar el seguimiento desde la página web de la Dirección de Ética e Integridad Gubernamental (Digeig).
De esa manera, los investigadores pudieron determinar en qué medida las respuestas de las instituciones satisfacían el requerimiento de la información solicitada.