En agosto del 2013 el Congreso Dominicano aprobó la Ley 1249 que declara el 9 de febrero como Día Nacional de la Solidaridad Estudiantil. La propuesta inicial había sido hecha por el Comité Permanente 9 de Febrero, asociación de antiguos militantes estudiantiles que se encarga de  conmemorar la fecha. La manifestación, recordada como pacífica en sus designios y comparada a los eventos del Mayo Francés y de la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, México, la llamada Masacre del 9 de febrero de 1966 cumplió su 49 aniversario este año.

Durante los primeros meses de 1966 la juventud estudiantil dominicana seguía padeciendo las secuelas de la Guerra de Abril. Sin embargo, las motivaciones detrás de la manifestación del 9 de febrero venían desarrollándose desde 1959. En su situación de generación, estos jóvenes presenciaron una serie de eventos fundadores que los llevaron a una toma de conciencia colectiva sobre las contradicciones de su mundo: La Revolución Cubana, la muerte de Trujillo, las elecciones de 1962, el golpe de estado de 1963 y finalmente el contragolpe y la intervención militar estadounidense en 1965. Una infancia de tabúes y clandestinidad fue seguida por una juventud de radicalización y compromiso político. Cientos de jóvenes escolarizados, posiblemente los primeros de sus familias en realizar estudios superiores, pasaron de simplemente encontrarse en la misma situación de generación a convertirse en un conjunto generacional con valores y metas comunes.

Desde mediados del año 1961 se cuestionaban abiertamente las viejas estructuras y jerarquías, dentro y fuera de la Universidad de Santo Domingo. Los universitarios fueron de los primeros grupos en manifestarse públicamente en pro de la democracia después de la muerte de Trujillo, dando lugar a la creación de la Federación Nacional de Estudiantes (FED) días antes de que la Unión Cívica Nacional saliera a la esfera pública y previo a la llegada de la primera delegación del PRD al país. Sus acciones colectivas durante el otoño de 1961 incitaron a la aprobación de la Ley 5778 de Autonomía Universitaria en diciembre de ese mismo año. Ésta consistió en la última acción por parte del presidente Balaguer antes de su salida del país. Sin embargo, el consenso entre los historiadores es que esta autonomía significó más libertades para los docentes frente al gobierno nacional y no realmente la autonomía que demandaba el conjunto generacional estudiantil. Estos últimos exigían una mayor participación del cuerpo estudiantil en las decisiones del Alma Máter, reivindicación que seguiría vigente al momento de la constitución del Movimiento Renovador Universitario en el otoño del 1965.

Las diversas crisis políticas del país se fueron desarrollando en paralelo a las crisis universitarias de los años 60, tales como las múltiples olas de “destrujillización” de las facultades y la oposición colectiva al examen de admisión. La paulatina radicalización de los militantes estudiantiles antecedió su participación directa e indirecta en los comandos de la Guerra de Abril y su posterior  aglomeración en las filas del Movimiento Renovador Universitario. Es decir, que las disposiciones detrás de la manifestación del 9 de febrero de 1966 venían cocinándose media década antes.

Se estima que tras la convocación inicial de la FED se movilizaron entre ochocientos y mil  estudiantes universitarios y secundarios, los cuales demandaban la desocupación de los planteles escolares por las tropas militares estadounidenses y la legitimación por parte del gobierno nacional del liderazgo del Movimiento Renovador Universitario como nuevas autoridades de la UASD. Marchando desde los diferentes recintos escolares, se dieron cita frente al Palacio Nacional, esperando dialogar con Héctor García-Godoy, presidente provisional. La comisión constituida por miembros de Fragua, el Bloque Revolucionario Universitario Cristiano (BRUC) y la Unión de Estudiantes Revolucionarios (UER) decidió permanecer en los límites del Palacio luego de la negativa del delegado del gobierno. Esperarían que García-Godoy llegara, pasase lo que pasase. Los  detalles de qué impulsó a la policía a abrir fuego permanecen ambiguos. Según una versión oficial de miembros del Comité Permanente 9 de Febrero, un policía abrió fuego cuando un estudiante escaló la verja del Palacio para informarle a los presentes de que García-Godoy no estaba. Otra versión menos oficial apunta que un agente comenzó a disparar cuando un estudiante le lanzó un helado a la cara. Aquel día murieron cuatro personas y treinta resultaron heridas.

La indignación de la sociedad dominicana fue muy notoria. Manifestaciones multitudinarias tuvieron lugar en la capital, derrapando en 18 muertes más, incluyendo la incineración en vida de un policía por mano de los manifestantes. Una huelga sindical de cinco días fue convocada. La UASD cerró sus puertas. Los estudiantes de la Universidad Católica Madre y Maestra y otras asociaciones religiosas manifestaron su apoyo a los estudiantes. En este sentido, nuestra nación precedió a Francia y a México en movilizar a la sociedad civil a favor de la causa estudiantil. Sin embargo, resaltamos que lo más novedoso que tuvo la manifestación del 9 de febrero del 1966 fue la amplia mediatización de los eventos, puesto que la articulación de los movimientos de los liceos y de la universidad y la violencia policial hacia manifestantes estudiantiles no era la excepción, sino la regla. Pero de esta manifestación, a diferencia de la Batalla de la Calle Espaillat del 1961, por ejemplo, existen fotos y videos. Asimismo, se presume que las fuerzas policiales solían ser más clementes con los estudiantes, por su origen social, que con los activistas obreros, por ejemplo, y que, aunque se ha insistido que era una manifestación pacífica, una gran parte de los jóvenes dominicanos, entre ellos los líderes estudiantiles catorcistas, social-cristianos y emepedeístas, rehusaron desarmarse después de la Guerra de Abril. Para ese conjunto generacional que se hacía llamar revolucionario, las huelgas de hambre quedaron atrás con el examen de admisión. La presencia extranjera en el territorio provocó la radicalización de muchos y el desistimiento desilusionado de otros tantos.

Finalmente, apuntamos con más tristeza que vergüenza, que la cuestión de la democratización de la educación, reivindicación base de este conjunto generacional, sigue estandomedio siglo después, cuando ya los que necesitan un mayor acceso a la educación no son los antiguos miembros de Fragua, el BRUC, la UER y la Juventud Católica Estudiantil, sino sus nietos.