Eduardo Jorge Prats 
No es común la publicación de obras de Derecho de autoría colectiva en la República Dominicana. Esto quizás se debe a que los dominicanos, como buenos latinoamericanos, y como han señalado reputados historiadores, politólogos, sociólogos, antropólogos y pensadores, como Richard Morse, Howard Wiarda, Claudio Veliz y Octavio Paz, refiriéndose a nuestra América, tendemos a buscar soluciones individuales a los problemas colectivos, mientras que los estadounidenses y, en gran medida los europeos, buscan soluciones colectivas a los problemas colectivos. Por eso, los juristas dominicanos no somos adictos a trabajar en equipo, lo que explica la poca frecuencia de las obras jurídicas colectivas entre nosotros y la preeminencia de libros individuales en la aproximación dogmática a casi todas las disciplinas jurídicas, en especial a la del Derecho Constitucional y el Derecho público en sentido general.
Por eso, satisface enormemente la publicación de la segunda edición de la obra “El amparo judicial de los derechos fundamentales en una sociedad democrática”, auspiciada por la Escuela Nacional de la Judicatura, de la autoría de David Ordóñez, Miguelina Ureña, Hermógenes Acosta, Bernabel Moricete y Ellys Coronado, quienes han actualizado una primera edición del año 2006, que, aparte de ellos como autores, ha contado también con la autoría de Pilar Jiménez, Carlos Batista y Mariloy Díaz. Una tarea como la emprendida por los autores solo podía lograrse gracias al impulso innovador de la Escuela Nacional de la Judicatura y, como bien señala el magistrado Acosta, por el “espíritu democrático y respetuoso” que reina en una escuela que quiere formar “unos jueces al servicio de los ciudadanos”.
Se trata de un texto que, al tiempo de conservar y actualizar los aportes del Derecho comparado de la primera edición, pone al día la parte dominicana, incorporando los cambios operados a partir de la Constitución de 2010, la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional y de los Procedimientos Constitucionales de 2011 y del corpus jurisprudencial creado por el Tribunal Constitucional desde sus primeras sentencias en 2012. Y, lo que no es menos importante, este libro, aun conservando la autoría individual en los diferentes capítulos, parte de una metodología sistemática que le da gran coherencia y uniformidad al texto, por lo que es un verdadero manual del amparo útil para estudiantes y abogados y que sirve de brújula a los operadores jurídicos del sistema judicial para surcar los procelosos mares de la protección constitucional de los derechos fundamentales.
Este manual del amparo revisa toda la jurisprudencia constitucional sobre el tema, resaltando las diferentes opiniones doctrinarias y jurisprudenciales sobre las cuestiones más espinosas, haciendo las críticas pertinentes y señalando vías de solventar las dificultades de aplicación del instituto del amparo. En este sentido, la obra revela, a mi modo de ver, uno de los principales problemas que enfrenta el amparo en nuestro país: su consideración de una vía subsidiaria y no principal. Aquí pienso que quizás una vía de solventar esta cuestión que nos puede conducir a lo que se ha llamado el “desamparo del amparo” es partir de que el amparo solo procede cuando la vulneración o amenaza de un derecho fundamental amerita una protección sumaria. Así se soluciona la “amparitis” en la medida en que, siempre que se requiera protección inmediata del derecho fundamental amenazado o vulnerado, la vía más efectiva siempre será la del amparo.
Esta magnífica obra, cuyo ejemplar en mis manos es un regalo de la magistrada y querida amiga Miguelina Ureña, es una verdadera fuente de inspiración y consulta para teóricos y prácticos y abre nuevos senderos para la doctrina y la jurisprudencia. Por eso hay que felicitar a sus autores, por haber actualizado esta obra tras 20 años de la primera edición, y a la Escuela Nacional de la Judicatura, que ha patrocinado esta importante iniciativa editorial y doctrinaria. Ojalá que la misma contribuya, desde la trinchera de los litigantes, doctrinarios y profesores hasta la torre de control constitucional del Tribunal Constitucional y del resto de los jueces constitucionales ordinarios, a combatir el conservadurismo procesal que amenaza al amparo y a desterrar la cultura de la inadmisibilidad que prevalece en muchas jurisdicciones. Y ojalá también que sirva de ejemplo a los doctrinarios dominicanos para que seamos capaces de trabajar en equipo, dejando a un lado nuestros egos y buscando construir soluciones jurídicas colectivas a los problemas cotidianos que enfrenta el ciudadano de a pie, cuando trata de acceder a la justicia constitucional en busca de protección urgente e idónea de sus derechos fundamentales vulnerados o amenazados.
