Comencemos por lo esencial: la mayoría de los haitianos en territorio dominicano no se irá, ni serán repatriados ni legalizados, porque el Estado Dominicano y muchos empresarios necesitan esa mano de obra barata para explotarla. Ahora veamos los accesorios.

La mayoría de los dominicanos no quiere los haitianos en el país. Para dulcificar ese rechazo se apela a la solidaridad con el terremoto; y en la búsqueda de culpables por su presencia, se acude con frecuencia al argumento de que hay un plan internacional para que República Dominicana cargue con la pobreza de Haití.

Esa pobreza es sin duda el factor que empuja a la migración, pero la corrupción de los funcionarios dominicanos de frontera abre la compuerta.

Repito: la razón fundamental de tantos inmigrantes haitianos es que el Gobierno Dominicano y muchos empresarios han atraído por décadas esa mano de obra barata, indocumentada y depauperada para explotarla. Su único valor es que trabajan de sol a sol por míseros salarios. Cumplida esa labor, son indeseables.

Estos seres subhumanos son rechazados por la élite haitiana, por los dominicanos, los norteamericanos, los europeos, e incluso por los caribeños cariconeños. Su gran pecado es ser muy pobres y muy negros.

La inmensa mayoría de los haitianos nunca tuvo derechos formales en República Dominicana, ni tampoco los reclamaron. Esa era la clave de la “relativa tranquilidad” entre haitianos y dominicanos, hasta que llegó la Sentencia TC 168-13.

Esa Sentencia declaró oficialmente ilegales, de manera inapelable, generalizada y retroactiva, a todos los descendientes de extranjeros indocumentados de 1929 en adelante. Quiso ser tan avasalladora, que de un caso llevado al Tribunal Constitucional por Juliana Deguis, se aplicó a cualquiera en la misma situación; y de un expediente actual se llevó a 1929.

Desde entonces, hay un avispero nacional e internacional. Todo lo que se diga o haga sobre el tema produce una confrontación o una acusación, y hasta insultos de la peor calaña.

Para moderar las consecuencias aberrantes de la Sentencia, el Gobierno Dominicano tuvo que reconocer la ciudadanía de una parte de los descendientes de inmigrantes indocumentados nacidos en territorio dominicano, según estableció la Ley 169-14. Por su parte, el Plan de Regularización legalizará una fracción de los inmigrantes después que revisen casi 290 mil solicitudes.

Ante el avispero, algunos haitianos se han auto-repatriado y otros lo harán a la fuerza, pero al final, la mayoría volverá porque expulsarlos y reingresarlos es un gran negocio.

Además, ¿quién cavará los hoyos del Metro, de túneles, avenidas y edificios? ¿Quién recogerá el café, el cacao y el arroz? ¿Quién cortará la caña? ¿Los dominicanos por míseros salarios? ¡Oh no!

Los beneficiarios políticos de este avispero no serán los sindicados nacionalistas que hablan de polo patriótico. El tema haitiano no divide electoralmente la sociedad dominicana porque la inmensa mayoría no quiere los haitianos en el país. El beneficiario político será Danilo Medina, que aprovechará los foros para pronunciar discursos soberanistas que lo eleven a la categoría de héroe nacional.

El costo del avispero es alto para República Dominicana porque envilece públicamente el alma, profundiza las desavenencias entre dominicanos y haitianos, entre países amigos y República Dominicana, y con organismos internacionales de derechos humanos.

Eventualmente el avispero disminuirá en intensidad cuando sea evidente que la mayoría de los haitianos no se fueron, y que la mayoría se quedó sin papeles, porque esa mano de obra la necesita el Gobierno Dominicano y los empresarios para seguir explotándola. Legales saldrían más caros.

Es puro teatro; y el avispero fuera divertido si no tuviera como perjudicados centrales a tanta gente depauperada.