En estos momentos, nueva vez, estamos ante una ola de delincuencia común que incluye modalidades poco vistas en el país, como asaltos a bancos.

De hecho, la más reciente encuesta Gallup-HOY reveló que la inseguridad ciudadana es uno de los principales problemas que afectan y preocupan a los dominicanos, tanto así que casi el 50% de los consultados señaló que conoce una víctima de la delincuencia.

La nación está alarmada y no es para menos. Sin embargo, los niveles de delincuencia no deben llamar a sorpresa si se toma en cuenta la falta de equidad económica del país. Un informe del Banco Mundial apunta que mientras en la última década en América Latina el 40% de la población mejoró sus condiciones de vida, en República Dominicana solo fue el 2%. Esto pese a que nuestro país es uno de los que más ha crecido en la región.

La mayoría de dominicanos y dominicanas es pobre. En los barrios y en los campos se “sobrevive” en medio de precariedades y desesperanzas.

Los gobiernos no le han dado a la población, sobre todo a los jóvenes, propuestas y oportunidades concretas para vivir dignamente. Están desempleados o tienen sueldos de miseria. Constantemente son incitados al consumo, a comprar el “último celular” o los tenis más “bacanos” y presencian cómo funcionarios y empresarios se enriquecen ilícitamente sin recibir castigo del sistema judicial, ni perder su prestancia.

No obstante, en el país no sólo impera la delincuencia común. Aunque en el imaginario colectivo dominicano delincuentes son sólo los ciudadanos de estratos sociales bajos que asesinan o roban, la acepción incluye a todo aquel que viola la ley, incluyendo funcionarios y empresarios.

Partiendo de esto, hoy día la República también está aquejada por la delincuencia política, esa que implica que los administradores de la cosa pública violenten las leyes. Un ejemplo es que en la actualidad miles de funcionarios están en franca violación a Ley de Declaración Jurada de Patrimonio y, aunque para los delincuentes pobres se pide “mano dura”, con estos funcionarios se es paciente.

Ante olas delictivas como las actuales, las autoridades suelen responder con políticas represivas tales como militarización de las calles y endurecimiento de penas y condenas. Pero no disminuirá la delincuencia en una sociedad económicamente desigual y brutalmente corrupta e impune.

Tampoco habrá Estado Social Democrático y de Derecho si no se garantiza la vida y la libertad de transitar sin miedo por las calles.

Urge el combate sistémico e integral a la delincuencia. Urge que tengamos seguridad ciudadana y para eso no hace falta “darle pa’ abajo” a los delincuentes pobres, hace falta construir una República económicamente equitativa, socialmente justa y políticamente democrática. Sólo así viviremos en paz.