LEANDRO GUZMÁN
Los intereses creados que giran en torno a la hermosa región de Bahía de las Águilas, lugar del suroeste que nada tiene que envidiar a las mejores playas del mundo, han impedido dilucidar con justicia lo que ocurre con esa zona.

En un reciente viaje a Francia, el presidente Leonel Fernández dio la impresión de que todo estaba listo para que inversionistas franceses construyeran en Bahía de las Águilas cuatro hoteles de lujo, descrito como hoteles ecológicos, pero el asunto se complicó luego de que afloraran profundas diferencias entre el secretario de Estado de Turismo y el secretario de Estado de Medio Ambiente y Recursos Naturales. El primero se mostró con un eufórico entusiasmo sobre la inversión de los franceses, mientras su colega de Medio Ambiente sostenía y sostiene que ese es un área protegida de mucha fragilidad, que no debe ser sometida a construcciones de ningún tipo.

Los ecologistas estuvieron de acuerdo con esa posición, mientras los desarrollistas pusieron el grito al cielo al citar las penurias de Pedernales y regiones aledañas, que a su juicio justifican las inversiones para que por fin el Suroeste se encamine por vías del desarrollo.

Otra posición, quizás la más aceptable, es la de que sea escogido un lugar apropiado de la zona -que lo hay- para que sin afectar el área protegida se permita el desarrollo que tanta falta hace en Pedernales y su entorno.

En medio de la polémica, el presidente Leonel Fernández garantizó que nada se haría allí que perjudique los intereses del Estado, mucho menos las áreas protegidas.

Todo el mundo pensó que alguna decisión de envergadura se iba a tomar, pero nada pasó, pues al final se descubrió que los supuestos capitalistas franceses querían que les regalaran las tierras para hacer las inversiones, planteamiento que fue hecho sin el menor rubor ante el jefe del Estado.

Hay algo, sin embargo, que es la mayor prioridad para decidir cualquier inversión en Bahía de las Águilas: se trata del saneamiento de las tierras, pues ahora resulta que de repente han aparecido unos dueños que alegan poseer títulos de propiedad coincidencialmente en las mejores tierras.

Todo el mundo recuerda que en uno de los gobiernos finales de Balaguer, el Instituto Agrario Dominicano (IAD) parceló más de 500.000 metros cuadrados, supuestamente entregados a campesinos, en una zona donde la agricultura no prospera. Esos títulos, como si fueran volátiles, fueron adquiridos por terceros, quienes a su vez los vendieron con abundantes beneficios. Los abogados de quienes tienen parte de esos títulos dicen que no se oponen a que el Estado declare las tierras de utilidad pública, siempre que se les pague lo que valen, a precios de hoy. Pero uno se pregunta cómo el Estado Dominicano puede acogerse a esa propuesta, cuando los títulos en cuestión están en duda?

El Gobierno lo que tiene que hacer, como prioridad número uno, si vale la redundancia, es sanear catastralmente esas tierras, con lo cual se establecerá lo que todo el mundo afirma: que esas tierras son del Estado, y no pueden ser enajenadas bajo ningún concepto.

Una vez establecida la legítima propiedad, entonces se podrá negociar, siempre que se haga con transparencia y que se preserve la propiedad de la Nación. Es una cuestión de orgullo soberano.

La otra cosa es que el Gobierno debe decidir urgentemente sobre el problema migratorio. Hay que poner en orden la migración haitiana, pues en caso de que en el Suroeste fronterizo con Haití se desarrolle la infraestructura turística, nadie duda de que serán los haitianos que hablan francés quienes se desempeñarían como empleados. No es que esto sea malo, de ninguna manera. La cuestión es que si no se regulariza la migración, estamos casi seguros de que la mayoría de esos empleados serían ilegales.

En la reciente reunión celebrada en el país entre representativos de la Nación haitiana y de la República Dominicana, se habló precisamente del tema, pero además se planteó la necesidad de reactivar la dormida Comisión Mixta Bilateral, a fin de poner en marcha proyectos de desarrollo comunes que, sin perjudicar a nuestro país, contribuyan al progreso democrático y económico de los haitianos.

Esto nada tiene que ver con el acercamiento del Gobierno de Haití a Cuba, Venezuela y Brasil, y ahora Bolivia, que envía una señal que no agrada a los Estados Unidos.

Haití y la República Dominicana son naciones soberanas, y en más de una ocasión nuestros representantes de más alto nivel han llamado a la solidaridad internacional para que se ayude a Haití, comenzando por nosotros mismos, que no podemos soportar la pesada carga migratoria y todos sus problemas colaterales.

La coexistencia pacífica entre los dos Estados es fundamental para el desarrollo de la isla. Pero ese desarrollo debe partir de la legalidad, comenzando por regularizar la migración de los haitianos, sea que vaya a trabajar en puntos turísticos como los pretendidos en Bahía de las Águilas o en cualquier rincón de nuestro territorio.