Washington.- El Congreso de EE.UU. dio hoy luz verde a la ley conocida como “Promesa” por la que se establece un camino para la reestructuración de la deuda de Puerto Rico, así como una junta de control fiscal sobre los problemas financieros de la isla.

Tras pasar hoy un último escollo en el Senado, con 68 votos a favor y 30 en contra, se espera que el presidente estadounidense, Barack Obama, rubrique la legislación en las próximas horas con el objetivo de hacerlo antes de que se cumpla este viernes el siguiente vencimiento de pagos, valorado en 2.000 millones de dólares.

La Casa Blanca ha asegurado que el texto alcanzado “no es perfecto”, pero apoya su contenido a falta de otro acuerdo más afín al Gobierno, por lo que en las próximas horas se espera que la ley sea promulgada por Obama.

“Este proyecto de ley no es perfecto, pero es un primer paso crítico hacia la recuperación económica y la esperanza restaurada para millones de estadounidenses que se llaman a Puerto Rico su casa”, apuntó el mandatario en un comunicado.

“Espero con interés firmar el proyecto de ley, y seguimos comprometidos a trabajar con el Congreso y el pueblo de Puerto Rico para volver a un crecimiento económico duradero y que genere oportunidades” a sus ciudadanos, concluyó Obama.

En otro comunicado, Reynaldo Benítez, portavoz del líder de la minoría demócrata del Senado, Harry Reid, señalo que “después de meses de demora republicana y muchas decisiones difíciles, el Congreso por fin aprobó legislación para abordar la crisis económica y fiscal de Puerto Rico”, Pese que a Reid le preocupan “medidas injustas” respecto al salario mínimo o la falta de protecciones para los jubilados, esta “es la mejor solución a los problemas de la isla ya que le provee de las herramientas que necesita para salir de esta crisis».

Bajo la nueva ley, la junta de supervisión fiscal podría anular cualquier ley por parte del Gobierno de Puerto Rico que considere una violación de “Promesa” y también puede obligar al Gobierno puertorriqueño a vender activos, fusionar agencias y despedir empleados gubernamentales.

La junta tendría el poder de llevar a cabo audiencias, citar testigos, requerir información y estados financieros auditados del Gobierno puertorriqueño y se le permitiría imponer sanciones penales por proporcionar información falsa o violar órdenes de la junta.

Especialmente por este requerimiento, otros senadores demócratas, encabezados por el cubanoestadounidense Robert Menéndez, han calificado la ley como “colonialista” e “intervencionista” y se han opuesto de manera frontal al texto.

“Me complace que el Senado haya aprobado Promesa, el resultado de meses de trabajo por parte de la Cámara de Representantes”, dijo el presidente de la misma, el republicano Paul Ryan, en un comunicado.

“Esta legislación bipartidista aborda la crisis fiscal en Puerto Rico al tiempo que protege a los contribuyentes estadounidenses a partir de un plan de rescate del territorio”, explicó el conservador, quien consideró que de esta manera Puerto Rico “puede empezar a recuperar su economía y obtener en el camino hacia la salud fiscal».

Por su parte, la líder de la minoría demócrata en la Cámara Baja, Nancy Pelosi, dijo que “aunque el proyecto de ley contiene muchas disposiciones a las que se han opuesto los demócratas, comenzará a disipar las oscuras nubes de incertidumbre que han sombreado la economía de Puerto Rico, a sus familias y su futuro».

“Ahora debemos actuar con rapidez para presentarle al presidente Obama una lista de candidatos cualificados para el nombramiento de la junta”, advirtió la legisladora por California. Según lo establecido, será el propio presidente el que ratifique a los miembros de dicha junta, que serán propuestos por el Congreso.

El secretario del Tesoro de EE.UU., Jack Lew, urgió esta semana a los líderes del Senado a aprobar la ley para evitar que la isla incurriera a partir del 1 de julio en un nuevo impago que generaría una situación “caótica” con “graves consecuencias».

El Gobierno de Puerto Rico ya ha incurrido en tres impagos en el último año, pero el más cuantioso se produciría este viernes, 1 de julio, cuando vencerán bonos por valor de cerca de 2.000 millones de dólares, de los que unos 700 son obligaciones generales.

Ese tipo de bonos están garantizados por la Constitución de Puerto Rico, que establece que su pago será prioritario por encima de cualquier otro gasto público al que tenga que hacer frente la isla, incluida la financiación de servicios públicos básicos, algo a lo que el Ejecutivo ha dicho no estar dispuesto a renunciar.