El costo social de los paros médicos

Hay un segmento poblacional muy numeroso cuyos servicios de salud están amparados por el régimen subsidiado de la Seguridad Social. Son los ciudadanos que acuden a los hospitales públicos, en los que tienen cubierta una amplia gama de servicios, estudios y procedimientos por los que generalmente no tienen que pagar. Cuando uno de esos ciudadanos se ve forzado a acudir a un establecimiento de salud privado, el presupuesto familiar se reciente porque están fuera de la cobertura del tipo de seguro familiar que corresponde a quienes no tienen ingresos fijos o salarios.
Cada vez que los médicos paralizan los hospitales, sea por demandas justas y razonables o traídas por las greñas, conminan a muchos pacientes del régimen subsidiado a tener que pagar por atención privada, probablemente servida por los mismos médicos que se la niegan en los hospitales durante las huelgas. Otros se ven conminados a aplazar citas por varios meses, y otros tantos sencillamente quedan privados de atención para sus quebrantos de salud, al menos temporalmente.
El hecho es que cada huelga médica tiene un altísimo costo, por un lado en perjuicio de la población que tiene que acudir a centros privados, y por el otro para el Estado, pues aunque los médicos falten a sus deberes durante los paros, cobran completos sus salarios.

Un intermediario muy costoso

Es posible que en 1938, cuando se dictó la Ley 49, la Liga Municipal Dominicana tuviera alguna razón de existir como rector o asesor de los ayuntamientos. Pero de ahí a esta parte ha llovido mucho y cada vez es menos influyente la existencia de este organismo en la vida de los gobiernos municipales. Es paradójico que mientras a estos se les asigna apenas un 3% de los ingresos fiscales, cuando por ley debe ser un 10%, a la Liga se le aumenta el presupuesto correspondiente a 2018.
Desde 2007, en virtud de la Ley 176 de ese año, la LMD dejó de ser organismo rector de los ayuntamientos, lo que es seña de su escasa influencia en los gobiernos municipales. Alguna vez deberíamos sentarnos a meditar si vale la pena mantener un intermediario tan costoso para el erario.


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