El debate político está impuesto en cada democracia auténtica. Es una regla de juego ineludible. Y es que una de las características más preciadas de la democracia es la libre expresión y confrontación de las ideas ante el pueblo soberano, que decidirá con su voto a quién favorecer. Aquí, en las justas electorales siempre ha ocurrido que el oficialismo termina avasallando a los contrincantes triplicando la aplicación del uso de recursos de campaña y restándole equilibrio a la competencia al negarse sistemáticamente a concurrir a programas orientados a confrontar directa o indirectamente a los candidatos principales, formulándoles preguntas ante el pueblo, que podrá ver y sopesar sus posiciones.
El debate electoral debe estar consignado como condición inapelable. Al fin de cuentas, la democracia es precisamente un debate profundo y amplio. Los votantes deben disfrutar el derecho a estar documentados de las propuestas de sus candidatos y poder discernir cuáles les convienen. Solo la confrontación abierta y pública de las posiciones de los contendores permite que el ciudadano pueda hacer una elección a conciencia. Aquí se ha rehuido la responsabilidad de darle al país instrumentos esenciales como la ley de partidos y la adecuación de la ley electoral. Rehuir al debate no puede seguir siendo opción de los políticos. Hay que imponerlo como regla ineludible.

No más exoneraciones

La ocasión es oportuna para eliminar definitivamente las jugosas e irritantes exoneraciones de impuestos otorgadas a legisladores para la importación de vehículos. Este privilegio, que es taxativamente intransferible, por lo general es negociado por senadores y diputados con terceras personas que lo utilizan para traer al país vehículos de lujo en base al sacrificio fiscal en que incurre el Estado. Ahora que legisladores con mentalidad progresista impulsan iniciativas para eliminar privilegios, es la mejor oportunidad para suprimir las exenciones.
Por ese camino se debe seguir hasta desmontar beneficios altamente costosos para el contribuyente y que solo sirven para que los legisladores compren adhesiones con el dinero del fisco. No más barrilitos, nominillas y otros privilegios irritantes.