La economía dominicana se ha movido en los últimos años con indicios de que podría ser impactada por factores externos que ya en este momento se convierten en hechos: los precios del petróleo han llegado a sus niveles más altos desde el 2014, con el Brent de referencia sobre los 77 dólares el barril y el West Texas por encima de 70, con tendencia a subir. Se trata de cotizaciones que de mantenerse, forzarían a destinar cerca de mil millones de dólares adicionales a la compra de hidrocarburos en 2018, lo que presionaría la disponibilidad de divisas con efectos sobre el costo de la vida y el peso de la deuda externa que en su nivel actual resulta de alto riesgo para el equilibrio financiero.
De hecho, el porcentaje de las recaudaciones para cubrir intereses y capital de la deuda pública resta recursos para otras obligaciones de un Estado que no escucha llamados a racionalizar sus gastos. En ningún informe del Fondo Monetario Internacional ni de otros organismos multilaterales sobre el país en los últimos años faltó la advertencia de que a pesar del crecimiento favorable de la economía, la situación mundial podría tornarse adversa, presagiándose una pérdida de capacidad para enfrentar acreencias internacionales de no solucionarse antes el desequilibrio fiscal pactando con los diferentes sectores de la sociedad, lo que ya no aparece en agenda mientras se crean expectativas que requerirían más endeudamiento.

Hacer realidad las palabras

El presidente Danilo Medina sintoniza bien con la preocupación de un amplio sector de la sociedad al anunciar que hará valer la ley en la frontera reforzando y equipando significativamente al personal militar que en coordinación con otros organismos tiene a su cargo el mantenimiento del orden y la defensa de la soberanía a lo largo de la línea divisoria con Haití.

Se esperaría poner fin a las debilidades que por siempre han permitido el ingreso sin control de inmigrantes. La inmigración debe estar regulada en atención a las posibilidades del país de absorberla con su flujo de oferta laboral, demanda de servicios públicos e intensificación de un crecimiento demográfico que no debe entrar en conflicto con la forma de vida, costumbres y cultura predominantes en la colectividad nacional. Que no se falle más en eso.