El desafío del plástico residual

Una decisión que deben asumir los dominicanos en concierto con otras sociedades de diversas partes del mundo es: detener prontamente la acumulación en gran cantidad de residuos plásticos en espacios ambientales. La basura de cualquier clase que no es destinada a rellenos sanitarios, que no es reciclada o degradada para hacerla inofensiva, se convierte fácilmente en daño a la naturaleza en la que se asienta la humanidad. Cañadas, ríos, mares y reservas forestales reciben hoy en la propia República nuestra y en otros muchos lugares del planeta, volúmenes enormes de desperdicios que tienden a afectar diversas expresiones de vida a corto, mediano y largo plazos.

Librarse de las amenazas y de las causa directa de ruptura en el equilibrio ambiental proveniente de materiales no biodegradables reta al país a disciplinarse para poner fin gradualmente a la irresponsabilidad de arrojar residuos sin clasificarlos y sin que las autoridades cumplan su obligación de colectar eficientemente lo desechado creando infraestructuras y espacios adecuados para la disposición final. Procurando un uso industrial para lo aprovechable que pueda extraerse de los desperdicios que generan actividades domésticas y empresariales. Es hora además de sancionar en la medida que corresponde a los causantes de daños ambientales y de ornato, objetivos que con regularidad se prometen y nunca se han cumplido.

Preocupación en permanencia

El espectro del asalto a mano armada, con posibilidades de perder la vida a manos de delincuentes, atormenta como una posibilidad siempre cercana a la mayoría de los ciudadanos. Sin importar que las autoridades minimicen hechos y riesgos con forzadas interpretaciones de sus estadísticas o que resten importancia a la criminalidad como “simple percepción”, la que no es más que el efecto de realidades innegables que angustian a la gente. El restaurar confianza en los organismos que deben preservar la seguridad y orden en calles, hogares y negocios depende de la aplicación de contundentes medidas que hagan eficiente a la Policía, depurándola, y fortalezcan la función judicial poniendo fin a la falta de rigor que auspicia la participación de miembros de instituciones en actos delictivos, directamente, o contribuyendo a que ocurran.


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