Hoy 
En 2004-05 coordiné el Informe Nacional de Desarrollo Humano 2005, el cual analizó la inserción dominicana en la globalización, concluyendo que los problemas de competitividad y de inserción internacional, socialmente incluyente y tecnológicamente renovada se debían a la falta de institucionalidad. En efecto:
Para el Informe Nacional de Desarrollo Humano la causa principal de la pobreza dominicana y del bajo desarrollo humano relativo no es la falta de financiamiento y de recursos económicos, sino el escaso compromiso con el progreso colectivo del liderazgo nacional político y empresarial durante las últimas décadas y ( ) la falta de empoderamiento de los sectores mayoritarios de la sociedad dominicana. ( ) Esta situación se ha motorizado por la búsqueda de una rentabilidad económica y dividendos políticos, ambos de corto plazo, depredadores de las instituciones y del ambiente, comprometiendo el futuro.
En 2007-08, dirigí un segundo informe de desarrollo humano, analizando las condiciones de vida de la gente en sus localidades, llegando a la conclusión de que el desarrollo humano era una cuestión de poder. Concluyendo que:
El nivel de acceso a las oportunidades depende de la zona en la que se viva, la clase social a la que se pertenezca, el sexo o la capacidad de incidencia pública que se posea; y no del Estado de derecho. Históricamente las élites y los partidos políticos han fallado porque no han podido mejorar la equidad y garantizar el acceso a las oportunidades de la gran mayoría de la población, entrando en una lógica perversa: el poder por el poder y la lealtad endogámica. No hay lealtad con la población, ni con la política de Estado ni con el desarrollo. No hay razones para suponer que las instituciones políticas y las relaciones de poder vayan a cambiar de manera espontánea. Si la sociedad no se organiza, se empodera, se moviliza y reestructura las relaciones de poder no habrá desarrollo humano, porque el desarrollo humano es una cuestión de poder.
En los años 2008-2010 coordiné un amplio estudio (1,200 páginas y 3 tomos) de la situación social del país, concluyendo que el nivel de privación en que vive la población no es porque no existan leyes e instituciones que protejan a la ciudadanía sino porque no se cumplen.
Hoy, el sistema político sigue destruyendo la institucionalidad del país. El sistema de justicia y la política están más corporativizadas que nunca. El Estado no tiene credibilidad. El borrón y cuenta nueva, las complicidades con el delito y la impunidad son la norma del oficialismo. Es incontrovertible que la única posibilidad de cambio, de disfrutar del Estado de derechos y de mejores instituciones está en una población empoderada que tome las calles con contundencia pero sin violencia para imponer una sociedad basada en derechos.
