Nuestro vecino, la República de Haití es un Estado al borde de ser declarado fallido, en donde las instituciones, salvo las relaciones diplomáticas, están en un estado casi primitivo. Existen muy pocas oficialías del estado civil; es por eso, que la mayoría de los haitianos que nacen en los campos o ciudades pequeñas, no son inscritos en dichas oficinas para obtener al menos su acta de nacimiento. En consecuencia creemos, que al Estado Dominicano no se le puede pedir que cargue con esta obligación fundamental para determinar la nacionalidad, nombre, lugar y fecha de nacimiento de un ciudadano de origen haitiano.

Este fardo se le quiere imponer al vecino (RD), país también en vías de desarrollo, más organizado, para que todos aquellos que no poseen un acta de nacimiento, con solo buscar siete testigos, o un acta notarial, mostrar recibos del trabajo donde laboran y hasta con el testimonio de sacerdotes o ministros evangélicos que testifiquen que ese ciudadano nació en nuestro territorio -aún de padres extranjeros- se le pueda otorgar la naturalización dominicana, para que pueda ser sujeto de derechos y entendemos que también deberes, en el territorio nacional. Nada más absurdo, ya que este Reglamento que establece el denominado “Plan de Regularización de Extranjeros en Situación Irregular en la República Dominicana” es a toda luces inconstitucional, ya que modifica la Ley General de Migración, 283/04 y un Reglamento no puede modificar una ley.

Sin embargo, los influyentes países que desean que Dominicana se haga cargo del problema haitiano; tales como: Francia, Canadá, Estados Unidos de América, Caricom y hasta Venezuela por agradecimiento, nos coaccionan para lograr los antidemocráticos propósitos de una fusión en ciernes. La diplomacia haitiana, contraria a la nuestra, inteligentemente se movilizó para demostrar que ese era un problema que de igual modo atañe a la República Dominicana. En primer lugar, nos “visitó” el vicepresidente de los Estados Unidos de América, Joseph Biden, para mostrar el desacuerdo de su país a la Ley 168/13, emitida por el Tribunal Constitucional abogando por su modificación.

El segundo visitante que también vino a intervenir a favor de los haitianos fue el Secretario General de las Naciones Unidas, Ban Ki-Moon, quien se deshizo en un manojo de elogios para el presidente Medina, al ponderar la valerosa acción que había tomado al votar el Reglamento a favor de los extranjeros indocumentados. Entendía el señor Ki-Moon, que la ley 168/13 era discriminatoria y excluyente para los ciudadanos de padres extranjeros nacidos en nuestro territorio y ante nuestra negativa para cedularlos, los calificó de apátridas. Y nos preguntamos ¿Cómo el Secretario General de la ONU, no salió a defender los miles de niños que se encuentran detenidos en territorio estadounidense para ser deportados a sus países de origen. Asimismo, ignoró que Israel estaba masacrando al pueblo palestino y que su deber primordial era evitar la guerra buscando una solución pacífica al diferendo que enfrenta a judíos y árabes.

Ante los requerimientos de estas dos encumbradas e influyentes personalidades, nuestro Presidente hizo malabares para hacer que se votara la Ley 169/14 y su Reglamento, para modificar al acomodo de los solicitantes, la sentencia contenida en la Ley 168/13, que había sido votada por el Tribunal Constitucional. Entonces, el Consultor Jurídico del Poder Ejecutivo, lavándose las manos cual Pilatos, indicó escuetamente, que el mismo se había publicado en la Gaceta Oficial.

Mas faltaba un predestinado en la persona del representante de la Unión Europea, Herman Van Rompuy, quien programó una reunión del presidente Medina y su homólogo Martelly en un hotel de Bávaro, en donde el “rapero” presidente tuvo el tupé de aparecerse con cuarenta y cinco minutos de retraso, en una cita protocolar a nivel presidencial. El presidente Medina, ante este desplante, debió haberse retirado y dejar a Martelly con Van Rompuy. De seguro esta acción hubiese obtenido la aprobación de todos los dominicanos.

Al poderse naturalizar en un plazo de dos años y con un procedimiento acomodaticio y rudimentario, los más de un millón de haitianos que actualmente se encuentran en nuestro territorio tendrán la facultad legal de convertirse en dominicanos al discurrir este intervalo de tiempo. Si alguien echa un cálculo a ojo de buen cubero, en poco tiempo tendremos una población extranjera de un 10% y cuidado. Y probablemente nunca sabremos exactamente cuánto le costará en dinero y desarrollo a la República Dominicana esta operación.

En retrospectiva, los sacerdotes Ruquoy y Hartley, que sirvieron de quinta columna para lo que actualmente está aconteciendo en el país, por las autoridades gubernamentales y eclesiásticas no haber actuado a su debido tiempo, deben estar riéndose con las muelas de atrás en donde quiera que se encuentren. Parodiando este Reglamento: “Libertad, cuantas sandeces se cometen en tu nombre”.