Tras un año de reducción del crecimiento económico, y con acusado desgaste del segundo periodo de gobierno, el sexto informe al Congreso del presidente Danilo Medina debería despejar dudas sobre su rumbo político, enfocándose en las reformas electorales e institucionales que requiere el país.
No menos urgentes, pero más difíciles para una segunda mitad, sería afrontar los problemas más acuciantes como el de la sostenibilidad fiscal y la inequidad social, la productividad y competitividad nacional, la galopante corrupción e impunidad y la ineficiencia del gasto público muy condicionado por el clientelismo político.
Precedido de infortunios. Como es tradicional en los segundos períodos de gobierno, el presidente Danilo Medina comparece el martes ante la Asamblea Nacional con señales de desgaste político, cada vez con mayores conflictos en su propio partido, y cuestionamientos en los ámbitos nacionales e internacionales. Consciente del proceso, el mandatario adelantó los cambios de funcionarios que se esperan en la ocasión, con tanto infortunio que en vez de marcar una pretendida renovación escandalizó por escasos escrúpulos en la selección y ratificó el reparto patrimonialista del Estado entre seguidores y aliados políticos.
Medio centenar de designaciones no tocaron los ministros y sólo tres podrían ser consideradas de importancia, los directores del Servicio Nacional de Salud, del Seguro Nacional de Salud y del Instituto de las Telecomunicaciones, y la mayoría fueron del servicio consular, directores y subdirectores de organismos medios del Estado y de consejos directivos de empresas públicas.
En horas el presidente Medina tuvo que rectificar la designación de un viceministro de la juventud que está preso por violencia de género, por generalizado rechazo, a lo que se sumó el nombramiento como asesor en «desarrollo territorial» de un exdirector del Consejo Estatal del Azúcar cuya gestión de los terrenos de esa entidad generó acusaciones e investigaciones judiciales, y como cónsul en Haití a otro que había sido destituido dos veces de cargos consulares por haber emitido visas clandestinas y tráfico de inmigrantes.
El clientelismo quedó ratificado cuando el presidente ejecutó el relevo del director del Instituto de Seguros Sociales, César Mella, que había pedido públicamente el presidente del PRD y canciller Miguel Vargas, por considerar que no estaba dando suficientes empleos a los militantes de ese partido al que «correspondía el cargo». En tanto el doctor Nelson Rodríguez Monegro rechazó su designación como asesor, denunciando que salió de la dirección del Servicio Nacional de Salud por no haberse doblegado ante el clientelismo.

El Episcopado y Amnistía. El mensaje pastoral del Episcopado por la celebración de la independencia nacional, reconoce avances en varios aspectos, especialmente en la inversión en educación, pero indica que persisten males como la corrupción y la impunidad, la inseguridad ciudadana, la violencia contra la mujer, la irresponsabilidad de los cuerpos de seguridad, carencias en el sistema de salud, el ineficiente servicio energético, y la renuencia a aprobar la ley de partidos que garantice transparencia y control de los recursos estatales.
Las mayores críticas de los obispos católicos fueron dirigidas al funcionamiento de la justicia, aludiendo al «clamor de nuestro pueblo por una administración sana de la justicia, lejos de la corrupción de las instituciones que la aplican, sea porque los procesos están viciados desde su raíz o porque algunos jueces se han quitado la venda de los ojos para ver según su conveniencia a quien la aplican».
Amnistía Internacional volvió a situar el país entre los que registran mayor número de apátridas, por la desnacionalización de miles de descendientes de haitianos, y la lentitud en poner en vigencia la ley 159-14 aprobada para redimirlos y para otorgar una posibilidad de alcanzar la ciudadanía dominicana a otros miles que nacieron en el país antes de la Constitución del 2010 pero que nunca pudieron ser registrados.
Amnistía también denuncia más de un centenar de muertes a manos de la Policía, aumento en 21% de homicidios, incremento de los crímenes de odio contra los LGTB y persistencia en no reconocer derechos sexuales y reproductivos generalizados en el mundo, como el aborto cuando peligra la vida de la madre, el feto es inviable o fruto de violación.
Desafío más trascendente. De todos los desafíos internacionales que le han caído al gobierno de Medina, el más trascendente es el de la misión del Fondo Monetario Internacional que recién visitó el país y volvió a advertir sobre el camino de insostenibilidad fiscal, la cual, tras reconocer el crecimiento y avances de gestión, plantea que «se requieren medidas de consolidación más significativas para abordar las debilidades fiscales estructuradas. Las medidas recientes para fortalecer la administración tributaria y aduanera están ayudando a aumentar los ingresos fiscales, sin embargo, estas resultarían insuficientes para revertir la dinámica alcista de la deuda frente al endurecimiento en las condiciones financieras mundiales, precios del petróleo en aumento y una mayor carga del servicio de la deuda».
A continuación plantearon que «se requerirán mayores esfuerzos para reconstruir la capacidad de las finanzas públicas, para amortiguar choques, tomando en cuenta el impacto social y sobre el crecimiento en la composición del proceso de consolidación fiscal. Esto significaría centrar el ajuste sobre la ampliación de la base impositiva, incluyendo la focalización de exenciones e incentivos fiscales, y la simplificación del sistema tributario a la vez que se protege a los más vulnerables».

Reformas institucionales. Lo más probable es que el presidente Medina se quede, como otras veces, en los elogios a la estabilidad macroeconómica, pues ha evadido pagar el costo del pacto fiscal dispuesto por la ley de Estrategia de Desarrollo, que tendría que tocar la corrupción, el clientelismo, el rentismo, las ineficiencias y duplicidades de organismos para el reparto político. Aunque los sectores conscientes esperan que explique hasta cuándo el Estado seguirá endeudándose a ritmo de 200 mil millones de pesos por año, unos 12 millones de dólares por día en el 2017. Debería transparentar su obra cumbre de las plantas Catalina y sobre el reclamo por Odebrecht de 708 millones de dólares adicionales para concluirlas.
Ya el año pasado Medina anunció un rosario de obras que no pudo ejecutar, incluyendo «la revolución del transporte urbano», con la eliminación de 19 mil carros conchos, 7 grandes proyectos para el desarrollo sostenible de la cuenca hidrográfica del sur, el rescate de La Ciénega y Los Guandules y otras que no han podido arrancar. O la Ciudad Juan Bosch de Santo Domingo y Santiago y la conclusión de la renovación de 57 hospitales y del metro de Santo Domingo, aún pendientes.
Esas y otras realizaciones requieren recursos financieros inexistentes, pero podría haber ejercido su liderazgo y poder para concertar el pacto eléctrico y la aprobación de las leyes de Partido, del Régimen Electoral, y de responsabilidad fiscal, para lo que sólo se requiere voluntad política. El discurso del martes podría definir el rumbo del presidente Medina de cara al 2020.-

Llueven informes negativos
La semana pasada marcó un récord en informes negativos para el país, indicativos de insatisfacciones con la gestión pública nacional, abarcando uno de la Agencia de Naciones Unidas para la Infancia (UNICEF), otros de Transparencia Internacional, de Amnistía Internacional y del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) así como un mensaje pastoral de la Conferencia del Episcopado Dominicano.
El informe de UNICEF colocó el país en el lugar 51 en muertes de recién nacidos entre 184 naciones, y entre los peores de América Latina y el Caribe, con una tasa de 21.8 por mil nacidos vivos, nueve veces superior a la más baja de la región, que es el 2.4 por mil de Cuba. La muerte antes del mes de uno de cada 48 nacidos en RD choca con las tasas de crecimiento económico que registra la nación hace décadas, especialmente en la última.
En un reporte sobre Retos y Oportunidades para Centroamérica y República Dominicana, el BID señala que la región «tuvo una tendencia positiva en el 2017, con una expansión económica del 3.8%, pero esta dinámica no se ha traducido en cambios significativos en la reducción de la pobreza o en una mejoría de la distribución del ingreso». Y aludiendo a incertidumbres recomienda que las autoridades de la región «adopten acciones y políticas para potenciar su crecimiento e incrementar la inclusividad del mismo».
El índice de Percepción de la Corrupción de Transparencia Internacional, publicado el miércoles redujo en dos puntos la evaluación de RD, con puntuación de 29 sobre 100, y en el escalón 135 entre 180 países evaluados, sólo mejor que otros cuatro países y peor que unos 30 del continente americano. Refiere, entre otros factores, que Odebrecht prefirió el país para operar su departamento de sobornos, cuando le apretó la justicia brasileña.