Dice mucho del penoso estado actual del espectro político dominicano el hecho de que el embajador de los Estados Unidos de América, James (Wally) Brewster, se ha convertido en la figura más contestataria, progresista, radical y liberal de la arena pública local. No hay que remontarse medio siglo a la época en que Juan Bosch denominó al embajador John Bartlow Martin “procónsul del imperio”, para darnos cuenta de que se trata de un verdadero giro copernicano tanto en la diplomacia estadounidense como en el propio pueblo dominicano.

Mientras antes el embajador estadounidense era visto en el país como un simple representante de los intereses de la gran potencia mundial y de sus aliados locales (gobierno, militares, élites, etc.), hoy éste, independientemente de su tradicional rol de defensa de los intereses de su país -que en su momento ha coincidido con los mejores intereses dominicanos, como lo revela la posición estadounidense en las crisis de 1978 y 1994, posición que nos permitió transitar de la “dictablanda” balaguerista a la democracia- aparece cada día más como el representante de quienes no tienen voz, de quienes no son representados, por ser discriminados, marginados o excluidos.

Es cierto que las intervenciones del embajador Brewster han causado roncha, en especial entre aquellos que resienten su supuesta intervención en los asuntos locales, principalmente en lo que respecta a su defensa de los derechos de los dominicanos afectados por la Sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional y de los beneficiarios de la magnífica iniciativa de la Ley 169-14, impulsada por el presidente Danilo Medina para paliar los efectos de la referida sentencia y que, según se ha denunciado, ha quedado entrampada en cuellos burocráticos cuya resolución ha asumido diligentemente el presidente de la Junta Central Electoral. Pero muchos –incluyendo una oportunista oposición- han compartido sus críticas, principalmente en lo que respecta al viejo y estructural mal de la corrupción pública, a pesar de que precisamente estas críticas pasan por alto los notables avances del país durante el gobierno de Danilo Medina en materia de transparencia, contrataciones públicas y gestión pública, y de que la revelada corrupción en algunos estamentos de la justicia no es responsabilidad del Poder Ejecutivo de la nación.

Sin embargo, lo que más ha sido criticado al embajador Brewster ha sido su valiente y permanente defensa de todos los dominicanos discriminados en razón de cualquier condición social o personal. Lo que ha molestado fundamentalmente es que el diplomático haya señalado que “a pesar de que el crecimiento económico de la República Dominicana ha sido fenomenal, esconde elevados niveles de desigualdad que permean la sociedad dominicana”; que “los pobres, las personas discapacitadas, las personas que viven con VIH/SIDA, los indocumentados de ascendencia haitiana y los miembros de la comunidad GLBTI sufren una amplia y profunda discriminación y exclusión de la sociedad dominicana”; que “el hecho de no aprovechar al máximo el talento colectivo de todos los dominicanos constituye una estrategia incompleta”, lo cual es conocido por “los líderes empresariales inteligentes”, quienes “saben que los negocios más competitivos son los que aprovechan al máximo los talentos de todos, no de unos pocos solamente”; que “las mujeres en este país siguen recibiendo un trato de desigualdad”; que “las mujeres y niñas ya no deben ser tratadas aquí ni en otro lugar de manera desigual en público ni en privado”; que “las escuelas deben comenzar a enseñar esto, y es por eso que promoveremos la enseñanza sexual y anti-bullying en las escuelas”; que las empresas “deben decir presentes dando el ejemplo”, fijando “políticas que protejan y traten a todos con el mismo respeto”; que los hombres debemos “llamarles la atención a los amigos que demuestran una falta de respeto hacia las mujeres”; que “todo país que ignora el valor de la mujer y de las minorías no puede aspirar a competir a nivel global”; que “necesitamos de políticos que hagan énfasis en este problema apoyando a las ONG que trabajan con poblaciones vulnerables”; que “los líderes empresariales dominicanos deben promover programas para la contratación y entrenamiento de minorías”; que se debe promover “el turismo amigable a Personas GLBTI y personas con discapacidades”, para así demostrarle “al viajero que la República Dominicana es un país abierto y progresista, listo para hacer negocios”; y que hay que fomentar la adopción por las empresas de un “índice de igualdad” para expandir una cultura de igualdad y no discriminación en nuestro país.

Es esta vigorosa lucha por la igualdad y la no discriminación, independientemente de que procede del representante de un país donde todavía el racismo es un gran problema que se refleja en la focalizada violencia policial contra los negros, lo que realmente fastidia y se reprocha al embajador. Pero Brewster es portaestandarte del mejor nacionalismo dominicano, de un nacionalismo liberal que toma en serio los derechos, incluyendo el derecho a la igualdad y a lo no discriminación consagrado por el artículo 39 de la Constitución, artículo que, por demás, en su numeral 3, obliga al Estado a adoptar todas las políticas de igualdad recomendadas por el diplomático.

Brewster provoca urticaria porque muchos dominicanos asumimos una serie de prejuicios como algo absolutamente normalizado, que practicamos sin tapujos, admitimos incluso de modo público al más alto nivel, publicamos del modo más obsceno, a pesar de que esos prejuicios constituyen un tema tabú, políticamente incorrecto, en cualquier sociedad civilizada y decente. No es tanto que somos machistas, racistas y homófobos, ni que adoptamos cotidianamente un discurso del odio contra las personas en razón de su condición social o personal. Es que sencillamente el embajador Brewster ha desnudado nuestros terribles prejuicios, los cuales aparecen así ahora en toda su descarnada realidad.