El ejercicio de prensa en la República Dominicana enfrenta la posibilidad de que una nueva ley de comunicación contemple la aplicación de penas de prisión en casos de alegados “delitos de palabra”, lo que no se compadecería con la índole de lo que se pretendería reprobar. Con ello se reducirían las garantías jurídicas que deben rodear la búsqueda y difusión de noticias. Esta preocupación está contenida en el informe sobre la situación de la libertad de prensa suscrito por el periodista Miguel Franjul ante la Sociedad Interamericana de Prensa en Medellín, Colombia. No menos temor causa la probabilidad de que sea lesionado el derecho universalmente reconocido al secreto profesional al aplicarse disposiciones de la ley contra el lavado de activos, ya vigente, para considerar cómplices de delitos a periodistas que no informen a las autoridades de planes subversivos del que tuvieran conocimiento.
Los riesgos así denunciados deben llamar la atención del país y de sus autoridades, en reclamo de que la labor de prensa pueda desarrollarse siempre sin que pendan leyes como espadas sobre las cabezas. Cabe condenar además las agresiones físicas y verbales en que incurrieron agentes armados para intimidar y coartar la labor de reporteros en diferentes situaciones recientes en el país y reclamar una vez la mayor atención posible a la denuncia de amenazas de muerte formuladas por la periodista investigadora Alicia Ortega.

Ejerciendo supremacía

Disminuye a cada paso la posibilidad de aprobar a tiempo las reformas legislativas que institucionalicen con equidad los procesos electorales. El pesimismo se apodera de muchos a partir de la frustratoria discordia política generada por la acelerada marcha hacia la aprobación de cambios que no llenarían el requisito imprescindible del consenso, con el ímpetu característico de “esto es lo que va”. Después de lentitudes en las agendas congresuales llegó con pretensiones de aplastamiento una imposición sobre la forma de celebrar elecciones primarias en los partidos, una decisión que para ser legítima, y no solo legal, debe provenir de un concierto de voluntades; no por lo que decida una suma de legisladores, al margen de los pareceres de contrapartes. El país clama por arbitrajes y normas electorales confiables para todos.