Los ingenios inoperantes del CEA le cuestan al Estado 3.1 millones de pesos mensualmente, con una nómina que se ha triplicado en los últimos cuatro meses. Los nombrados en ocho ingenios en ruinas pasaron de 90 en marzo a 310 en julio, según reveló El Informe con Alicia Ortega.
Se trata de una investigación periodística que inició en marzo cuando se detectaron una serie de irregularidades que no solo incluyen el aumento de nombramientos en los molinos de azúcar abandonados, sino nepotismo, botellas, cobros que no pasan por caja, gastos cuestionables y contrataciones sin rastros de licitación.
Las contrataciones en los desaparecidos ingenios aumentaron de 19 a 56 en el ingenio Consuelo. De nueve en el Quisqueya, se multiplicaron por cuatro, pasando a 36.
De tres aumentaron a 20 en el Santa Fe. En el Boca Chica actualmente hay 57 empleados, cuando hace tres meses solo contaban con 13. En Monte Llano de 6 pasaron a 19, mientras que en Amistad existían cinco y actualmente hay 16. En el Ozama, de 12 aumentaron a 37 y en el desaparecido ingenio Río Haina, instalaciones alquiladas a un consorcio agroalimentario, de 23 trabajadores pasaron a 33.
“Que raro”, dijo el director del CEA Pedro Mota, al ser cuestionado por Ortega. Añadió “me sorprende en cada uno de esos puntos” porque normalmente “la nómina la hemos reducido”.
Producción de ganado
Las anomalías también aparecieron en la división CEA-GANA, en la que según la institución, se ha fomentado el crecimiento en comparación con administraciones anteriores, pasando de unas “200 a 3 mil y pico cabezas de ganado” en la actualidad, según Mota.
El Informe realizó un recorrido por cada uno de los puntos identificados oficialmente por el CEA. Las incongruencias con respecto al número de animales fueron evidentes desde que el equipo llegó al departamento Juan Jiménez, en el kilómetro 15 de la carretera Hato Mayor-Sabana de la Mar. De 174 cabezas que alega tener el CEA en esa demarcación, apenas encontraron poco más de 30. En La Finca de La Piñita, también entre Hato Mayor y Sabana de la Mar, no fue posible verificar el dato de las 300 reses que aseguran tener, ya que esta finca no es de acceso público. Unos kilómetros más arriba, en el Departamento de Magarín, en Hato Mayor, entre un grupo de vacas que varios hombres trasladaba y que tenían la estampa del CEA mezclada con otras iniciales, y otro detrás de una verja, completaron una veintena, cuando la institución registra 550.
“Los potreros se van moviendo porque si hay mucha sequía y hay hambre, entonces hay que mudarlas”, señaló Mota.
Sin embargo, ni en el Laboratorio de Biotecnología y Producción, ubicado en el kilómetro 16 de la autovía San Pedro de Macorís-La Romana, El Informe encontró el panorama descrito por el director del CEA quien dijo “hay que ir a ese laboratorio para que vea la belleza de animales”. Al momento de la visita, solo habían dos vacas y un becerro. A pocos metros, en lugar sin pasto y seco, El Informe encontró una finca con varias decenas de vacas, pero no llegaban a las 174 calculadas por la institución.
El Informe reveló un memorándum enviado en junio por el director del CEA-GANA, Santiago Simón de León, explicando que tras ser designado en el puesto desde el 20 de abril, “no tenía conocimiento de lo que poseía la dirección a su cargo”. Por esto solicitaba un inventario “con auditores de Contraloría en conjunto con auditores del Consejo Estatal del Azúcar”. Destacó que hacía la sugerencia “debido a que han estado incurriendo en movimientos de animales, ventas, intercambio por trueque sin su conocimiento”.
“Fue un acto de irresponsabilidad de él” dijo Mota con respecto al memorándum. “El empieza a recibir chismografía de todas partes, entonces sale con eso”. El director del CEA no hizo mención sobre si acatarían la solicitud.
Otra incongruencia detectada fue al número de empleados designados en este departamento que asciendo a 227. No obstante, en cuatro de los corrales visitados, el equipo de El Informe no encontró ni vigilantes. Las vacas permanecían a merced de cualquier persona.

Pagos sin pasar por caja
Entre los documentos obtenidos por El Informe, apareció un recibo de pago escrito a mano en papel timbrado del CEA, sin numeración alguna, emitido para legalización y acto de radiación de privilegio del contrato de compra y venta, por un monto de RD4,000. El director confirmó que la firma plasmada en el recibo era la de Jacqueline Almonte Torres, quien figura en nómina como gerente-interina de la Gerencia Operaciones Inmobiliarias. Se trata de la misma funcionaria que no solo aparece firmando como la gerente de operaciones inmobiliarias, posición por la que recibe RD75,000, sino que también plasma su rúbrica como abogada encargada de Revisión de Contratos y Asesora Legal de la dirección.

El hijo de Almonte Torres, Josué Pérez Almonte, gana RD$28,000 como auxiliar de la Unidad de Asuntos Inmobiliarios del CEA, departamento que ella dirige. “No sabía que era hijo de ella” respondió Mota.

De lo que si tenía conocimiento el director era de la especie de feudo familiar construido por Rubén Antonio Calcaño Iturbides, director administrativo.

Su hija Adalkis Emelinda Calcaño Peña, es la encargada de gerencia de Minas y Medio Ambiente, con un salario RD30,000. Su hijo Francisco Alberto Calcaño Peña, funge como supervisor zona Este, Dirección de Preservación y Recuperación, ganando RD20,000.
También está su hermano Carlos Antonio Calcaño Iturbides, encargado de recuperación del Ingenio Boca Chica, también con RD$20,000. Además figuran en la nómina del CEA como dibujante digital de la dirección técnica, su sobrina, Diloris Yanoret Rodríguez Calcaño, con 22 mil pesos mensuales y su primo Carlos Antonio Asencio Calcaño, encargado del Departamento de Tasación Sección de Valuación y Tasación, ganando RD$57,500.
“No debe ser correcto” dijo el director.

El artículo 146, numeral 2, de la Constitución señala que “será sancionada la persona que proporcione ventajas a sus asociados, familiares, allegados, amigos o relacionados”.

Igualmente, la Ley de Función Pública en su artículo 80, inciso 15, establece que está prohibido: “Prestar servicios en la misma institución… quienes estén unidos por lazos de consanguinidad o afinidad hasta el segundo grado inclusive, cuando tuvieran relación de jerarquía”.

Un comunicación enviada por el encargado del Departamento Laboral, detalla que solo en Desarrollo Social de un grupo de 35 empleados, encontraron “que veinte (20) personas en las entrevistas dijeron que no desarrollan ningún trabajo en la institución” por lo que solicitaron su cancelación. Sin embargo, del listado de los recomendados a ser desvinculados, todavía en junio, varios seguían en nómina.

Ayudas económicas
El CEA cuenta con un Plan Social que según su director, atiende una “gran cantidad de envejecientes, los problemas de crisis económica en los bateyes, enfermedades y recetas” entre otras necesidades.
Pero la zafra de desembolsos en el renglón de ayudas, encontrada en documentos obtenidos por El Informe, incluyen por ejemplo dos de RD$30,000, a la Confederación de Trabajadores Unitarios y la Fundación Comunitaria Dominicana, ambas ubicadas en la capital.
Una ayuda a la Asociación Nacional de Profesionales Agropecuarios consistió en la compra de boletas por un valor de RD$15,000.
El mismo monto entregaron como aporte a la Asociación de Apicultores de San Pedro de Macorís.
En abril entregaron al Inazucar una contribución de RD$300,000 y un mes más tarde, otros RD$53,676. Inazucar, solo en 2018, recibió un presupuesto superior de $40,569,40.
Entre las ayudas económicas personales apareció Julianito Adames Santana, miembro del Ejército, que en junio recibió RD$25,000 y aparte le fueron entregados otros RD$25,000 para la adquisición de visa. “Qué extraño” respondió Mota, “me sorprende para una visa”.
La solidaridad de la institución también se volcó a favor de Dorca Esther Acosta Martínez, a quien le otorgaron RD$50,000 para la reconstrucción de una vivienda. Esta beneficiaria es hermana del director de Activos Financieros, Carlos Acosta Martínez, que devenga un salario de RD100,000. Hasta la secretaria de Mota, Ligia Xiomara Molina Matos recibió un aporte de RD$35,000.
Gastos cuestionables
En abril, el CEA adquirió 13 Ipad (tabletas) por una valor superior a los RD$550,000 o RD$42,000 cada una. “Las resoluciones del Consejo nosotros no la podemos rebatir y se hizo esa operación”, señaló Mota.
El pago con fecha de abril dice que los equipos eran para el Consejo y la secretaria del mismo, o sea 10 personas. El resto de los equipos fueron a parar a manos de Mota y la secretaria del despacho. No tuvo respuesta sobre la tableta número 13. De una operación no rebatible por ser del Consejo, la misma pasó a estar bajo estudio tras Mota ser cuestionado al respecto. “La operación está retenida justamente buscando informaciones”, respondió. “No se ha recibido la mercancía. Justamente estamos en un consenso de los diferentes miembros para qué si se puede buscar otra tecnología más económica”.
La factura de servicio telefónico de mayo en el CEA fue de RD$355,140, solo de larga distancia el monto ascendió a RD$183,928. En junio, gastaron RD$1,425,000 en compra de cuadernos, justo el mes que las clases terminaron. Además aparece un cheque de RD$497,484 para la compra de dos pasajes aéreos. Y en los últimos dos meses figuran dos facturas de la institución por un valor de RD$25,000 para el pago mensual del apartamento de su director, quien devenga un salario de RD200,000.
A nombre de Mariposas Decobufett, en menos de tres semanas, hay varias facturas: preparación de almuerzo por RD$69,918, almuerzo ejecutivo RD$59,381 y suministro de refrigerio otros RD$59,720. También hay facturas para tazas para secretarias, RD$69,918 y de la fiesta de diciembre un pago de RD$3,268,629, todas a nombre de la misma empresa.
En el portal del CEA no hay detalles de las licitaciones y no entregaron la documentación al respecto tal y como habían prometido. En el caso de la propietaria de Mariposas Decobufett, Isabel Beltré Jiménez, no solo es suplidora, sino que también es empleada del Ministerio de educación.