El Instituto Nacional de Cáncer Rosa Emilia Sánchez Pérez de Tavares (Incart) es una institución de servicio que no rechaza pacientes por falta de dinero. Parte de sus finanzas dependen de los servicios que da a afiliados del Seguro Nacional de Salud (Senasa), lo que cobra a pacientes no asegurados, y de una subvención estatal de poco más de RD$19 millones mensuales. El instituto está urgido de una asignación de por lo menos RD$100 millones para poder ejecutar todos sus planes y programas.
Pero su mayor temor obedece a una deuda que ni siquiera es propia, sino de la OISOE. La empresa que le da al Incart todo el soporte informático para manejar en formato digital la data de sus áreas de diagnóstico, archivo y asuntos administrativos, amenaza con suspender el servicio si no le pagan una deuda de RD$107 millones. Sin ese soporte, el instituto quedaría prácticamente atado de manos.
La directora del Incart, doctora Catalina González Pons, narró estos inconvenientes al participar, junto a otros miembros del instituto, en el almuerzo semanal del Grupo de Comunicaciones Corripio. Sería una lástima que los valiosos servicios de este centro, que atiende a pobres y ricos con el mismo entusiasmo, se vean entorpecidos por las situaciones expuestas. No basta con haber hecho la obra. Sostenerla es una parte fundamental para que siga activa.

Un país con fama de corrupto

Nuestro mayor deseo es que logremos la suficiente capacidad como para sacudirnos la condición de país que está entre los cinco más corruptos de Latinoamérica y octavo a escala mundial, que nos atribuye el Foro Económico Mundial (FEM) en su más reciente informe sobre ética y corrupción. Porque no es solo la valoración de este organismo del Banco Mundial lo que nos califica, sino también nuestra incapacidad para hacer llegar hasta las consecuencias los expedientes acumulados sobre prácticas indecorosas en el manejo de recursos del Estado.
El Gobierno debería sacudirse para lograr que nos desmontemos de las alturas del índice de corrupción en que nos hemos mantenidos en los informes del FEM. Luchar por un régimen de consecuencias contra estas prácticas, debe ser nuestra respuesta de sanación.