Todavía no ha amanecido en McAllen, Texas, al lado de la frontera de Estados Unidos con México, y la radio del agente Rodríguez, de la Patrulla Fronteriza estadounidense, echa humo con los reportes incesantes de inmigrantes interceptados: dos jóvenes hermanos nicaragüenses, cuatro muchachos hondureños, un grupo que ha saltado la valla y se oculta en los ranchos, varias familias centroamericanas con niños intentando cruzar el Río Grande en una balsa.
Es el día a día de los algo más de 3.000 agentes destacados para vigilar la frontera en el concurrido Valle de Río Grande, donde cada uno de ellos intercepta tres veces más inmigrantes que la media nacional, y tres de cada cuatro interceptados en los últimos meses son mujeres y niños centroamericanos.

«El número de unidades familiares a lo largo de la frontera sur ha aumentado un 38 por ciento, han sido 3.500 inmigrantes más que en julio y la cifra más alta de la historia», aseguraba Tyler Houlton, el secretario de prensa del Departamento de Seguridad Nacional (DHS), al anunciar las estadísticas de agosto de 2018.

“Impactables y no impactables”. La gran mayoría de estas unidades familiares están entrando por el Valle de Río Grande. «La mitad de los que encontramos son familias y niños no acompañados que buscan a un agente para entregarse y solicitar asilo», explica el agente González mientras muestra las huellas de niños y adultos en el camino cercano al río.

«La otra mitad son los que intentan eludirnos», agrega en referencia a los que ocultan su rastro y forman parte del objetivo principal de control fronterizo de los agentes.

La Patrulla Fronteriza los clasifica internamente como «no impactables» (unidades familiares, menores no acompañados y otros inmigrantes no mexicanos en busca de asilo) e «impactables» (traficantes, criminales y los que intentan eludir a la autoridad).

Las recientes iniciativas de control fronterizo del Gobierno del presidente Donald Trump, como la tolerancia cero con la que se pretende juzgar penalmente por entrada ilegal a todos los adultos sin excepciones, han provocado numerosas separaciones de padres e hijos, y ha concentrado la atención y muchos de los recursos públicos en los «no impactables».

«Nuestro sistema no se diseñó para procesar miles de nuevas peticiones de asilo cada mes de personas que cruzan ilegalmente la frontera. Pero está ocurriendo y está abrumando el sistema», se quejó esta semana el fiscal general, Jeff Sessions, en un ceremonia de nombramiento de 44 nuevos jueces de inmigración, muchos de ellos destacados en centros de detención y juzgados del Valle de Río Grande.

El retraso en los tribunales de inmigración de Texas ha aumentando un 20 por ciento durante el último año. La Guardia Nacional del estado está asignando abogados militares a las fiscalías federales encargadas de delitos migratorios, personal para apoyar logísticamente a la Patrulla Fronteriza y más de una decena de aeronaves de vigilancia.

Frente a estas medidas y los numerosos recursos asignados a la frontera por los alguaciles federales (US Marshall Service), encargados del transporte y la custodia de presos federales, y la Oficina de Detención y Deportación del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE), la afluencia de «no impactables» sigue en aumento, mientras se reduce la proporción de «impactables» interceptados.

Según los datos de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP), de la que forma parte la Patrulla Fronteriza, la cifra de inmigrantes delincuentes (con condenas pendientes o buscados por la ley) detectados cerca de la frontera y en los puertos de entrada se ha reducido más de un tercio en los dos últimos años.

Certificación de miedo creíble. La mitad de los algo más de 6.000 delincuentes interceptados por la Patrulla Fronteriza en todo el país entre octubre de 2017 y agosto de 2018, que equivalen a uno de cada 10.000 inmigrantes detectados, estaban condenados por delitos migratorios, y tres habían cometido homicidio.

«La tolerancia cero era y es necesaria para combatir décadas de políticas que no han aplicado la ley y han reforzado a las organizaciones criminales transnacionales y los traficantes de personas», declaraba en julio ante el Senado Carla Provost, la jefa en funciones de la Patrulla Fronteriza, acerca de la intención del Gobierno estadounidense de recuperar una política que convertiría a todos los adultos interceptados, incluso las madres y los padres acompañados por sus hijos, en «impactables».

Dentro de su política de control migratorio, además de reinstituir los juicios penales por entrada ilegal sin excepciones, el Gobierno de Trump tiene previsto modificar los criterios para la certificación del miedo creíble que los inmigrantes alegan para evitar regresar a sus países, el primer filtro para los solicitantes de asilo, que siguen superando nueve de cada diez de ellos, según las cifras del Servicio de Ciudadanía e Inmigración (USCIS), encargado de las entrevistas a los recién llegados.

Otra medida propuesta por el Departamento de Seguridad Nacional (DHS), que engloba a CBP, ICE y USCIS, y el Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS), responsable de la custodia de los inmigrantes menores de edad, es la expansión de la detención de los niños y las familias interceptadas, considerada «abominable» por las organizaciones de defensa de los inmigrantes.

«Hay alternativas muchos menos costosas y mucho más humanas que detener a los niños y a las familias», afirmó Jeanne Atkinson, directora ejecutiva de la Red Católica de Inmigración Legal (CLINIC).

Los miembros del Gobierno entrante en México, país que colaboró intensamente con la Administración de Obama en el control de los flujos migratorios desde América Central, hasta la llegada de Donald Trump a la Presidencia, coinciden con la «humanización» del trato a los inmigrantes centroamericanos.

«No se ha puesto en la mesa que México sea la policía de Estados Unidos», ha señalado acerca de las conversaciones sobre inmigración entre los dos países Olga Sánchez Cordero, la próxima Secretaria de Gobernación, que también ha anunciado «una política más humana con los inmigrantes».

Mientras los dos gobiernos vecinos anuncian medidas y políticas migratorias aparentemente incompatibles, los agentes de la Patrulla Fronteriza del Valle de Río Grande y la Policía Federal mexicana siguen cultivando su colaboración a ambos lados de la frontera.

«Las patrullas bilaterales ayudan a identificar los cruces y las rutas de acceso que emplean los traficantes», comentó el agente Rodríguez, que hace hincapié en que esta colaboración ha afectado a la capacidad de los grupos criminales que operan al sur del Valle de Río Grande. Ya ha salido el sol en Reynosa, en el Estado de Tamaulipas, una de las ciudades más peligrosas de México, y los agentes fuertemente armados y blindados de la Policía Federal intercambian saludos con sus colegas de la Patrulla Fronteriza, en la otra orilla del Río Grande.