Un informe publicado por OXFAM, en alianza con el Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, afirma que las élites políticas y económicas manipulan la toma de decisiones de los gobiernos en 13 países de América Latina y el Caribe, incluida la República Dominicana, con el fin de maximizar sus privilegios fiscales por encima de los derechos y beneficios de las personas más pobres. El informe contiene valiosos análisis y propuestas de reforma, que pueden servir de guía a la sociedad civil y a quienes diseñan y ejecutan las políticas públicas en la implementación de una serie de reformas tendentes a hacer de la democracia dominicana más participativa, incluyente, transparente y responsiva. Sin embargo, algunos de los presupuestos teóricos en los que se funda el informe ameritan ser criticados, pues conducen a conclusiones si no falsas, no del todo ciertas. El informe asume que “en una democracia […] el bien común debe primar sobre los intereses individuales”. ¿Qué hay de cierto en esto? ¿Es verdad que en las democracias electorales realmente existentes -que son las únicas verdaderamente democráticas frente a esa peligrosa democracia “bien entendida” de que nos hablaba Peña Batlle y que todavía postulan algunos, tanto desde la izquierda como desde la derecha- debe primar el bien común por encima de los intereses individuales? Esta idea de que el bien común se impone sobre los intereses individuales se remonta: al tatarabuelo del totalitarismo, Platón, para quien los intereses propios debían ser sacrificados en aras de los “intereses de todos”; a su bisabuelo Santo Tomás de Aquino, quien piensa que el bien común no es la simple suma de los bienes individuales; y a su abuelo, Rousseau, para quien existe una diferencia “entre la voluntad de todos y la voluntad general, ésta no tiene en cuenta sino el interés común; la otra busca el interés privado y no es sino una suma de voluntades particulares”. En otras palabras, la voluntad general no es la suma de las voluntades individuales expresadas en elecciones por los ciudadanos. Joseph A. Schumpeter lo vio clarísimo cuando señaló que la idea de bien común es inaceptable en democracia. Para el economista austríaco, las personas no solo tienen distintas preferencias, sino también distintos valores y, aunque compartan los mismos, pueden estar en desacuerdo acerca del modo ideal para conseguirlos. De ahí que, en las sociedades contemporáneas, caracterizadas por su heterogeneidad y complejidad, siempre habrá interpretaciones distintas y desavenencias respecto al bien común, que nunca podrán resolverse apelando a una etérea y evanescente voluntad general universal. Dada la inexistencia de este interés general, para Schumpeter la democracia es, debe y solo puede ser aquel sistema basado en la lucha competitiva por el voto de los ciudadanos, del cual emergen las decisiones políticas, en base a la competencia de unas empresas políticas, llamadas partidos, que organizan el menú electoral, o como dice la Constitución dominicana, contribuyen “a la formación y manifestación de la voluntad ciudadana” (artículo 216), luchando por el voto de los electores. Si se asume lo anterior, se entiende entonces la importancia de la libertad en la formación y funcionamiento de los partidos, la garantía del pluralismo político, la democracia interna, la defensa de la igualdad de condiciones entre los partidos en las competencias electorales, la imparcialidad del órgano de la administración electoral y la transparencia de los sistemas electorales. Así como no hay verdadero capitalismo donde no se garantiza la libertad de empresa y la competencia libre y leal, así tampoco habrá verdadera democracia electoral en donde no están protegidas estas libertades democráticas mínimas. El problema de la democracia política dominicana no radicaría entonces en la existencia de élites compuestas por políticos profesionales pues estas elites son propias de toda democracia electoral. Nuestro problema político fundamental es asegurar la circulación de las élites partidarias, la alternabilidad en el poder, la libre y leal competencia electoral y la participación ciudadana a través no solo de los mecanismos representativos, sino también de la democracia directa. Paradójicamente, muchos demócratas rabiosos se han pasado todo un año, enfrentados a la mayoría congresual de un partido que, como el Partido de la Liberación Dominicana, a pesar de estar estructurado en base al leninista y elitista centralismo democrático, abogó por un sistema de primarias abiertas que, al permitir la elección de los candidatos de los partidos por los integrantes del cuerpo electoral, aminora los perniciosos efectos de la llamada por Robert Michels “ley de hierro de la oligarquía” de los partidos.