El mercado de medicamentos ilegales en el país alcanza los 1,500 millones de pesos al año, afirmó la Asociación de Representantes, Agentes y Productores Farmacéuticos (Arapf).

Al participar en el Encuentro Económico de Hoy, el vicepresidente ejecutivo de la entidad, Fernando Ferreira Azcona, precisó que los medicamentos ilegales abarcan los falsificados, los contrabandeados, adulterados y vencidos y reetiquetados.

Señaló que gran parte de los medicamentos ilegales son fabricados en el país.
A Ferreira le acompañaron Jordi Manelic Gassó y Donato Peña Mirabal, vocal y tesorero, respectivamente, de Arapf, así como el periodista Mario Rivadulla.
Recordó que inicialmente el negocio de las medicinas ilegales comenzó como contrabando y luego pasó la participación local en la falsificación.

Resaltó que nadie está exento de los medicamentos ilegales y que incluso a su familia la farmacia de confianza le vendió medicinas falsificadas.

“Arapf tiene treinta años combatiendo el flagelo de los medicamentos ilegales. Hemos invertido recursos millonarios para enfrentar esta mala práctica”, dijo.
La entidad cuenta, apuntó, con un departamento dedicado a monitorizar el mercado, recibir denuncias, investigarlas, comprobarlas y pasarlas a las instituciones del Estado.

Consideró que se ha dado un giro positivo al combate de la ilegalidad con la creación de la Procuraduría General de la Salud, pero hace falta que la justicia cumpla con su rol estableciendo prisión para quienes incurren en esta práctica y que los políticos dejen de proteger a quienes incurran en esas acciones ilegales.

Resaltó que esa dependencia fue creada el año pasado por la Procuraduría General de la República, que desarrolla un “trabajo maravilloso”. Señaló que de la Procuraduría General de la Salud cuenta con cinco fiscales nacionales.

Indicó que Araft contrató a una firma de abogados para que actúe en los casos de incautación de medicamentos.
Recordó que el 22 de septiembre se hicieron siete allanamientos simultáneos en Santiago y Moca, donde se incautaron medicamentos por valor de RD$46 millones.
En lo que va de año se han decomisado medicamentos ilegales por un valor superior a los RD$75 millones, dijo.

Fustigó que el diputado peledeísta Carlos María García Gómez se hiciera garante para que no dictaran medidas de coerción en contra de Isidro Rodríguez Ortiz, arrestado en Moca por falsificar medicamentos.

“Ese señor tenía más de quince años envenenando a sus clientes a través de dos farmacias”, precisó.

Planteó que se trata de una intromisión del Poder Legislativo en el Poder Judicial.

Expresó que a seis inculpados en Santiago (Natanael Cuevas Sena, Máximo Domínguez Vásquez, Eddy Alberto Cruz Santana, Ubaldo Rosario y Francisco Javier Gómez) se les dictó medidas de coerción.

La Ley General de Salud (42-01) no contemplaba sanciones para la falsificación de medicamentos, pero Araft logró que en abril de 2006, luego de un arduo trabajo, que se promulgara la Ley 22-06 que califica como criminal toda actividad de fabricar, importar, distribuir y comercializar medicamentos ilegales, dijo.

Consideró que con multas el lucrativo negocio ilegal de medicinas no se detendrá.
Confía en que se comiencen a aplicar penas que con- llevan prisión en contra de los inculpados en el negocio de las medicinas ilegales.

Ferreira espera que la justicia juegue su rol y no se deje dirigir por padrinos políticos.

Sienta un mal precedente, a su juicio, que con José Cruz, quien se declaró culpable de falsificar medicamentos, el Ministerio Público llegara a un acuerdo para que le devolvieron el 48.5% de su fortuna.

“Es un precedente funesto y esperamos que no se repita”, dijo.
Consideró que los jueces no han hecho conciencia de la gravedad del problema y las implicaciones para la salud que tiene la venta de medicamentos ilegales.
Estimó que hay que darle vigencia al decreto 344-09 que crea una Comisión Interinstitucional para la Prevención y Combate de Medicamentos Ilegales, con el objetivo de coordinar acciones que permitan mayor eficiencia y efectividad en la lucha contra los medicamentos falsificados, contrabandeados, adulterados y vencidos y reetiquetados.