En mi última conversación con el entrañable Guy Alexander, le decía que desde el punto de vista ideológico ni el presidente Medina ni el ex presidente Fernández podían ser ubicados en la corriente ultranacionalista presente en el PLD. Pero que ambos eran rehenes de la alianza fáctica entre esa corriente con los sectores eclesiales y trujillistas impulsores de la sentencia TC 168/13. El miedo a esos sectores y la tendencia hacia la politiquería los paraliza y no terminan de tomar una decisión contraria a ese esperpento jurídico.

Sin embargo, si bien ideológicamente no son asimilables a esos retrógrados, en términos políticos desde hace dos décadas ambos han mantenido una alianza fáctica con ellos. Las razones políticas que los llevaron a esa alianza han sido nefastas para el desarrollo de la institucionalidad democrática del país y someterse a los dictados de esos sectores, hasta el momento constituye una impudicia que se convierte en un lastre para este país en sus relaciones con los otros de la región y del mundo.

El secretario general del PLD y presidente del Senado ha sido enfático en decir que la aberrante sentencia será aplicada con todas sus consecuencias y el Cardenal López Rodríguez dice que ni el presidente Medina puede aplicar una iniciativa que modifique la pretensión de desnacionalizar a los dominicanos de ascendencia haitiana. Ante declaraciones como esas, que trazan pauta al Gobierno, ningún presidente que se respete debe guardar silencio. Sólo el miedo puede explicar tal actitud.

Hasta el momento, de manera oficial, el PLD no ha fijado posición sobre la referida sentencia. Pero, por la ambigüedad e incoherencia en que ese partido maneja el Gobierno ha expresado respaldo a las reiteradas y a veces destempladas declaraciones del Cardenal apoyándola, lo cual retrata de cuerpo entero al jefe del Ejecutivo y al presidente de ese partido. Ninguno tiene el valor de expresar claramente qué hacer frente a una situación que ocupa un punto crucial en la agenda del Presidente y de la cual la comunidad internacional exige una solución.

Esa solución no ha de ser otra que el respeto al derecho a nacionalidad de los dominicanos de ascendencia haitiana, como se consigna en el numeral 2 del artículo 18 de la Constitución. Para el 24 de este mes está convocada la reunión de la CIDH para conocer el informe de la comisión que vino al país para informarse de los alcances de la TC 168-13. En esa reunión no se discutirá el soberano derecho de este país de establecer su política migratoria y de nacionalización que todos reconocemos, sino el irrenunciable derecho a la nacionalidad dominicana de más de 200 mil dominicanos reconocidos como tal en la actual Constitución.

De eso es consciente el sector del Gobierno que quiere ser coherente con su deseo de impulsar desde el poder ideas de cambio en hacer política y en su pugna con los sectores ultraconservadores del partido y del Gobierno, el Presidente debe tomar una posición YA! Zafándose del miedo a la caverna política incrustada en su partido, como única forma de evitar las duras consecuencias que tendría para el país la desnacionalización de cerca de 200,000 dominicanos.