El nuevo fallo político del TC

Con un nuevo fallo político del Tribunal Constitucional y la proclamación del final del bipartidismo dominicano, hecho por del ex presidente Fernández, termina este año político del país. Esa proclama y la orden del TC, que suspende la ejecución de la sentencia de la Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN que manda la restitución y garantía de los derechos políticos de Geanilda Vázquez, Secretaria de Organización del PRD, negados por la facción minoritaria de ese partido, son parte de una misma voluntad.

Como siempre, algunos querrán orientar la discusión que genera el referido fallo del TC por los meandros procedimentales de la justicia. Es pertinente, sin embargo, analizar el significado político del mismo enmarcándolo dentro de lo que es un plan político de dominio político absoluto que se consolida, básicamente, con la compra de la patente, las siglas, del primer partido de la oposición y el casi absoluto control de la superestructura jurídica del Estado.

Con su fallo, el TC, de nuevo evacua una sentencia que desconoce lo que es esencial en la administración de la justicia: la garantía del respeto a los derechos ciudadanos, que fue lo que entendió el legislador de la Novena Sala Penal del Juzgado de Primera Instancia del DN cuando conoció demanda de amparo incoada por la doctora Vázquez. Con ese nuevo fallo del TC, evidencia que sus integrantes, con dos honrosas excepciones, obedecen a directrices políticas del partido de gobierno.

Si ese partido pretende gobernar de manera ininterrumpida durante treinta años más, como lo acaba de proclamar el ex presidente Fernández, se supone que para eso debe inhabilitarse la colectividad con mayores posibilidades de impedir ese designio: el PRD y la reposición de la doctora Vázquez Secretaria de Organización de ese partido constituiría un obstáculo al proceso de inhabilitación de esa colectividad, que es la apuesta de Fernández y la alta dirección del PLD, Danilo incluido.

Esa circunstancia, plantea dos cuestiones claves a la sociedad en general y al PRD en particular. Un proyecto de poder sin oposición implica tener una Justicia que sólo obedece a los designios de los gobernantes de turno y una situación de indefensión de la población en cuanto al reclamo de sus derechos, lo cual es difícilmente viable en un contexto internacional, como el presente, cada vez más exigente del ejercicio pleno de los derechos ciudadanos.

En cuanto al PRD, al sector mayoritario, debe tomar nota de un designio de inhabilitación de esa colectividad, al cual debe dársele una respuesta que no puede estar supeditada al desenlace en términos legales o institucionales de la crisis que lo mantiene paralizado. Eso implica no cocerse en su propia salsa, sino vincularse los sectores que rechazan la idea de un poder absoluto y que prácticamente no se pone límites en su tiempo de duración.

En tal sentido, esta nueva sentencia del TC que niega el derecho de participación no puede verse como algo sólo concerniente a la facción partidaria por ella afectada, sino a todos aquellos que de una u otra manera creemos que la Justicia es para garantizar derechos, no para apuntalar proyectos políticos para garantizar privilegios.