Todo es gris en Fanghsan. En los frecuentes días de contaminación, el color plomizo del cielo sobre el distrito conocido como el “almacén de carbón” de Pekín, al suroeste de la capital china, se funde con el de los montones apilados de este mineral, con la tonalidad de la calzada y con los uniformes y los rostros tiznados de los mineros que entran y salen de las decenas de explotaciones de la zona. Incluso las montañas Taihang, enmarcadas de fondo, parecen espolvoreadas de ceniza. Una escena habitual, pero en principio no por mucho más tiempo.
Como parte de un plan para reconvertir la industria ante el exceso de capacidades de algunos sectores, sobre todo en el carbón y el acero, y también para abandonar de forma paulatina la dependencia del primero como la principal fuente de energía del país -por encima del 60% del total-, China, el mayor productor mundial de este mineral y responsable de más de la mitad de su consumo global, se ha fijado cerrar 1.000 minas de carbón obsoletas este año, de las cerca de 11.000 con las que cuenta.
Millón y medio de despidos. La mina “Chang Go Yu”, en Fangshan, es una de ellas. Días antes de su obligado cese de operaciones esta primavera, el trasiego es aún incesante en sus inmediaciones, y Yang, transportista de mediana edad que prefiere identificarse sólo con su apellido, carga a conciencia su vehículo de carbón para llevarlo a otras partes de la provincia.
Yang se preocupa por el inexorable desempleo al que se verán abocados él y sus compañeros, muchos sin más experiencia laboral que haber trabajado para la mina, tras más de medio siglo de continua explotación de los más de 2.000 millones de toneladas de carbón que alberga Fanghsan, una tierra fértil, por otra parte, bañada por numerosos lagos y ríos.
Yang y sus compañeros, como el señor Wei, de 54 años, formarán parte del casi millón y medio de despedidos que resultará de la reestructuración de la industria del carbón, cerca de dos millones si se incluyen los procedentes de la del acero. Después de años combinando trabajos esporádicos en la agricultura con el transporte del mineral, Wei se queja airado de que no sólo va a perder su trabajo, sino de que no cree que vayan a recibir los subsidios prometidos.
El futuro de los desempleados y la potencial desestabilización social que representan supone un grave problema para las autoridades chinas, después de que ya se hayan registrado protestas de afectados y de que se esperen más, a medida que los cierres y los despidos vayan ocurriendo.
El primer ministro chino, Li Keqiang, anunció un fondo de 100.000 millones de yuanes (unos 15.300 millones de dólares) para subsidios y empleo de los cesados el pasado marzo, al inicio de la sesión anual del Legislativo, una cantidad que aún suena a promesa vacía para Wei, y que tendrá que ir acompañada de otras iniciativas si pretende lograr resultados, según sugieren los expertos.
El menor crecimiento del PIB en 25 años. Anders Hove, director asociado del Instituto Paulson en Pekín, tiene dudas sobre cómo el Gobierno pretende absorber en el mercado laboral a todos esos trabajadores. Cree que una de las ideas es trasladar a unidades enteras de empleados “a otras líneas de producción o industrias, en contraste con lo que podría ocurrir en EE.UU., donde se plantearían ofertas más individuales”, indica a Efe.
Y es que el “boom” del carbón en China, sobre todo a partir de la década de 1970, cuando el Gobierno decidió invertir a espuertas en la explotación de las abundantes reservas naturales para acelerar la industrialización nacional, supuso el traslado de millones de personas a las zonas mineras del norte, y disparó la producción del mineral, que recibió el sugerente sobrenombre de “oro negro”.
La fiebre del carbón continuó hasta llegar al actual exceso de capacidades de una industria que genera casi 2.000 millones de toneladas más al año de lo necesario, según algunas estimaciones, y que en consecuencia ha creado una burbuja de bajos precios y abuso de su consumo que es, en gran medida, responsable de la contaminación que asfixia a parte del país.
Pero en plena desaceleración económica, con el menor crecimiento del PIB de los últimos 25 años en 2015, y con más del 90 por ciento de las empresas dedicadas al carbón incurriendo en pérdidas a finales del año pasado, el régimen chino ha decidido diseñar un plan que incluye el cierre, las fusiones y las adquisiciones de firmas insolventes de la industria pesada.
Invertir en renovables. Este tipo de industria lleva años sobreviviendo únicamente gracias al apoyo de los gobiernos locales -las llamadas compañías ‘zombis’- y el Gobierno quiere pujar por otro modelo de crecimiento más centrado en el consumo interno y más sostenible, desde el punto de vista medioambiental, con la contaminación como uno de los principales motivos de protesta en el país, por delante de los despidos.
Así, la segunda economía mundial, el mayor emisor de dióxido de carbono del globo, se ha propuesto recortar hasta 500 millones de toneladas de producción de carbón entre los próximos tres y cinco años, y ha decidido suspender la aprobación de nuevas minas durante el siguiente trienio, mientras, entre otras medidas, como la puesta en marcha de un sistema nacional de comercio de derechos de emisión de CO2 en 2017, invierte en energías renovables e intenta incrementar el peso del gas en el suministro energético del 4% actual hasta el 10% en 2020.
Un plan ambicioso y a largo plazo con aún numerosas trabas e incógnitas, pero que ya va cambiando poco a poco la vida de feudos tradicionales del carbón. La adaptación al pretendido nuevo modelo llevará su tiempo en Fangshan, cuya cercanía a Pekín convierte al distrito en uno de los primeros afectados para reducir la densa capa de contaminación que cubre la capital, y donde se empieza a recurrir a sus recursos agrícolas como alternativa al carbón.
Uno de los planes de las autoridades es convertir parte de la zona en cuna del ecoturismo y la producción vinícola de la región, programas que ya cuentan con inversiones millonarias que podrían devolver el color a Fangshan, lejos del gris y el hollín de los mineros.