Jesús De la Rosa 
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Los cambios y el crecimiento constante en el dominio tecnológico internacional plantean a las Casas de Altos estudios de los países en vías de desarrollo el reto de abordar aquellas áreas del saber consideradas como las más estratégicas para su futuro desenvolvimiento y buen desempeño en la comunidad internacional. Las Universidades de esas naciones pueden realizar importantes aportaciones al avance y progreso de la sociedad, siempre que se les dote de los recursos y la libertad de acción necesarios y que sean lo suficientemente previsoras como para adaptarse a los grandes cambios que se producen constantemente en torno a ella; lo contrario sucedería si esas instituciones se ven excesivamente limitadas por toda una serie de normas y regulaciones de carácter uniforme; si se aferran ciegamente a sus actitudes, e idiosincrasia convencionales; y si se oponen denodadamente a la introducción de cambios en la gestión de sus propios asuntos interno.
En el caso nuestro en particular ¿A qué lado se inclinaría la balanza en la UASD y en las mejores universidades privadas? ¿Prevalecerán en ellas o se superarán los obstáculos que en potencia existen?
Al respecto, la UNESCO sostiene que “el acceso a la educación superior y a la gama más amplia de servicios que éstas pueden brindar a la sociedad es parte esencial de cualquier programa de desarrollo sustentable, para el cual se requiere pericia humana y destreza profesional de alto nivel”. En la fase en que nos encontramos resultaría prematuro formular ningún juicio definitivo al respecto.
No obstante, podemos asegurar, sin temor a caer en exageraciones, que, pese a lo limitado de su presupuesto, la Universidad Autónoma de Santo Domingo (UASD) ha venido experimentado en los últimos años un significativo progreso en relación con la calidad y extensión de sus servicios, a pesar de no haber estado debidamente reforzada y garantizada por un financiamiento adecuado.
De no corregirse a tiempo el desequilibrio existente entre lo que el gobierno invierte en educación preuniversitaria (4% del PBI) y en educación superior (0.33% del PBI) nos sería extremadamente difícil el alcanzar las metas que todos anhelamos. ¿Cuál sería la solución? ¿Reducir las partidas presupuestarias de la educación preuniversitaria para transferirlas a la educación superior? Es obvio que no.
La verdadera y única solución está en invertir más recursos en educación superior, tomándolos de otros sectores menos prioritarios. Por la influencia que pudiera tener en la voluntad política de los gobiernos, observamos con preocupación que el Documento del Banco Mundial sobre Políticas de Educación Superior se inclina por una política de estímulo a la educación superior privada de suerte que al ampliarse ésta el Estado pueda liberar recursos hasta ahora asignados al financiamiento de la educación pública.
Compartimos la opinión de la UNESCO de que un país no puede descuidar ni debilitar su educación superior pública, sin correr el riesgo de limitar sus posibilidades de mantener e incrementar sus contactos con la comunidad científica e intelectual del mundo ni de disponer de las capacidades y conocimientos que necesita para hacerse cargo de su propio desarrollo.
Lamentablemente, la propia comunidad de nacionales expertos en la materia está dividida en relación a un problema tan delicado como ése.
