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En una de las varias jornadas de la fase de discusión del Pacto Nacional para la Reforma Educativa propuesto por el Gobierno de Danilo Medina, los expertos del Consejo Económico y Social (CES) dieron a entender a quienes participábamos en dicho cónclave que el subsistema dominicano de educación superior demandaba gastos que, dado el estado actual de las finanzas públicas, difícilmente el Gobierno podía asumir; y que, por el momento, el gasto público en educación no podía excederse del 4% del PIB en el subsistema preuniversitaria y del 0.33% del PIB en el superior. En principio, creíamos que detrás de ese planteamiento de los del CES subyacía la idea de que se redujera el gasto público destinado al sector simulando esfuerzos por aumentarlo. Esto, hizo que pusiéramos en tela de juicio la utilidad del Pacto que todos habríamos de suscribir. Días después de sucedido esto, leímos unas declaraciones atribuidas al director de Impuestos Internos, Guarocuya Félix, aparecidas en la sesión Economía & Negocios del periódico “Listín Diario” en su edición correspondiente al 20 de febrero recién pasado.

El joven funcionario dijo en esa ocasión que la tasa efectiva real de las grandes empresas dominicanas es más baja que el promedio de 28% del Impuesto Sobre la Renta, porque esas grandes empresas tienen mecanismos para eludir el pago de impuestos. Que la presión tributaria del país no superará la de 1990-2010, por lo que se hacía necesario una nueva reforma fiscal. Fue a raíz de leer esas afirmaciones de Guarocuya Félix cuando nos vinimos a darnos cuenta de que los expertos del Consejo Económico y Social tenían la razón de su parte cuando daban a entender que las finanzas del Gobierno no alcanzaban los niveles deseados, y que en el ánimo del Gobierno no estaba el comprometerse más allá de lo posible.

A la luz de todos esos antecedentes, tenemos a bien preguntarnos: ¿A cuánto tendrá que elevarse la presión tributaria para que el Gobierno del presidente Danilo Medina disponga de recursos suficientes para consolidar el Sistema Dominicano de Instrucción Pública de manera que responda a las necesidades del desarrollo del país conforme a la obligación del Estado de financiar las escuelas, liceos, politécnicos y universidades públicas? Como no somos expertos en materia de formulación y manejo de financias públicas, les rogamos a los del Consejo Económico y Social y a otros expertos y entendidos en la materia que respondan por nosotros.

Por el momento, os invito a mis colegas maestros de escuelas y catedráticos universitarios a trabajar sin descanso, bajo el entendido de que una reforma de la educación como la que estamos planteando no podrá hacerse de un día para otro; y que la misma llevará años en hacerse realidad.

Desde nuestra visión pedagógica, afirmamos que la inversión de un 4% o más del PBI en educación preuniversitaria no redundaría en grandes beneficios a menos que paralelamente con ello no se eleven las partidas presupuestarias dedicadas a la educación superior, porque es desde la educación superior donde efectivamente comienza a construirse el desarrollo social suplido por la formación de recursos humanos provistos de conocimientos técnicos, científicos y culturales, lo que hace que las universidades y a las demás instituciones de educación superior se constituyan en la matriz donde se forman los dirigentes y líderes del mañana.

A ellas, y sólo a ellas, les corresponde rectorar el pensamiento social penetrando en las profundidades de nuestros más caros ideales. Como lo afirmara el pensador ecuatoriano Medardo Mora Solórzano “la Universidad está obligada a ser interactiva, visionaria, actora y no simple espectadora a la distancia del devenir de acontecimientos colectivos….”. Traemos esto a colación, preocupado por la manera en cómo algunos de los participantes en el proceso de discusión del Pacto conciben las funciones de la universidad, tratándolas como si fueran maquinarias de talleres de elaboración de productos terminados. A ello nos referiremos en una próxima y última entrega de esta serie.