El Plan Nacional de Regularización de Extranjeros en Situación Inmigratoria Irregular ha arrancado con notable éxito de afluencia como lo indica el hecho de 33 mil solicitudes en los primeros diez días de ejecución, que han sobrepasado la limitada capacidad implementada, a ser ampliada progresivamente.

Todos los interesados en el control de la inmigración y en constructivas relaciones con Haití deben apoyar el programa dominicano, mientras se reclama una firme colaboración del Gobierno haitiano, dentro de un marco de entendimiento que reduzca la algarabía xenofóbica como la absurda propuesta de un muro en la frontera.

Una afluencia masiva. Los medios informativos han mostrado la masiva respuesta de los inmigrantes irregulares al llamado a registro del Gobierno dominicano, superando con creces la capacidad de atención implementada en el Distrito Nacional y una docena de provincias.

El director del plan, a cargo del Ministerio de Interior y Policía, Samir Santos, reveló que en los primeros diez días de labores, a partir del lunes 2, habían sido atendidas las solicitudes de 33 mil personas, de las cuales 7 mil presentaron toda la documentación requerida.

El decreto 327-13, que dispuso el plan, establece que aún sin disponer de todos los documentos requeridos, se puede formular la solicitud de regularización, con un plazo hasta el 28 de febrero para completarlos. Santos precisó esta semana que las peticiones serán recibidas hasta el 31 de mayo del 2015, con un año de ejecución.

Hasta el viernes se recibían solicitudes solo en un local del Distrito Nacional y en otro del municipio Santo Domingo Este, así como en las gobernaciones provinciales de cinco provincias del Este, otras cinco del Sur y dos del Norte, incluyendo Santiago. Están pendientes de abrirse oficinas en los municipios de Santo Domingo Norte, Santo Domingo Oeste, Los Alcarrizos y posteriormente en otras provincias.

En la mayoría de las oficinas de atención, la afluencia superaba la capacidad implementada.

Los informes indican que en San Isidro y San Cristóbal las aglomeraciones eran mayúsculas hasta con 300 y 400 personas por día. En la primera solo podían recibir 40. Solo en La Romana había sido atendido un millar de inmigrantes al caer la segunda semana.

Desinformación y confusión. La lectura de los periódicos de la semana que concluye arroja una gran desinformación, sin contextualizar los acontecimientos relacionados con el programa de regularización, persistencia en magnificar el número de inmigrantes, intentos de descalificar hasta la colaboración de los agencias de las Naciones Unidas y la Organización de Estados Americanos, así como al Gobierno de Haití, hasta de funcionarios ajenos al plan, como el presidente de la Junta Central Electoral.

La situación llevó al coordinar residente de las Naciones Unidas en el país, el español Lorenzo Jiménez de Luis, a solicitar que “dejen fluir el plan, sin especulaciones y valoraciones”, después que, junto a representantes de las diversas agencias de la organización mundial, entregara una comunicación al presidente Danilo Medina, en la que ofrecen colaboración y formulan recomendaciones, lo que reactivó el ultranacionalismo que llega al extremo de descalificar la colaboración internacional.

Hasta legisladores han pretendido ignorar que el Estado dominicano es compromisario y beneficiario histórico de las acciones de las diversas agencias de los organismos que conforman los sistemas de la ONU y la OEA. Aunque no ha habido programa ni reforma importante en el país en las últimas décadas sin la participación de esos organismos, llámense PNUD, Unicef, OPS, ACNUR, UNFPA, Banco Mundial, FMI, BID, CEPAL, o de la Unión Europea.

En los 90 el PNUD dirigió las reformas económicas, la OIT intervino en la laboral, y desde entonces en todas las comisiones y organismos estatales ha habido cooperación internacional.

El Fondo Monetario Internacional impulsó las reformas del sistema financiero y de las leyes de control y presupuesto.

Un programa de reforma y modernización del Congreso Nacional fue ejecutado con financiamiento de esos organismos y hasta las Iniciativas Participativas Anticorrupción, aprobadas en 2011, se debieron a la acción conjunta de las agencias internacionales.

Exageración del volumen. Si se partiera del estimado de inmigrantes irregulares más científico del que se dispone, las 33 mil solicitudes de regularización recibidas en 10 días, aún con los limitados centros de recepción, deberían ser consideradas un gran éxito y estimulados por la opinión pública, en vez de magnificar el volumen de los extranjeros.

Pero en numerosos sectores hay renuencia a aceptar los resultados de la Encuesta Nacional de Inmigrantes (ENI) del 2012, que establece en 524,632 los inmigrantes irregulares, de ellos 458,233 llegados de Haití, aparte de 209,912 descendientes nacidos en el país. Se persiste en cuantificar los haitianos hasta en un millón y medio, una exageración generalizada como la de los dominicanos en Puerto Rico, donde la elevan hasta 400 y 500 mil, aunque los estimados censales y académicos arrojan entre 150 y 200 mil.

Esta semana legisladores y periódicos atribuyeron la ENI a las agencias de las Naciones Unidas, ignorando que fue realizada en el 2012 por la Oficina Nacional de Estadística y publicada el año pasado en el Palacio Nacional como un documento oficial del Estado. Aunque sí con asistencia técnica y financiera del Fondo de Población de la ONU y la Unión Europea. No se trató de una encuesta como las de opinión, con un universo de 1,200 personas. Abarcó 68,146 viviendas y 20,499 entrevistas en las provincias de mayor concentración de inmigrantes.

Tuvo planificación y ejecución científica y hasta que aparezca otra más perfecta, debería ser considerada como referencia obligada.

La ENI arroja datos importantes para dejar fluir el Plan de Regularización, como que el 93 por ciento de los inmigrantes haitianos tiene actas de nacimiento expedida en su país, el 52 por ciento una cédula de identidad y 38 por ciento pasaporte. Con el acta de nacimiento es suficiente para regularizarse.

La alta proporción con actas de nacimiento se podría explicar por el hecho de que en los últimos años la OEA ha colaborado en un programa de identificación en Haití que expidió más de medio millón de actas de nacimiento, y debe presumirse que los primeros interesados fueran los de vocación migratoria.

El muro de la vergüenza. Sectores importantes de la opinión pública siguen sin convencerse de los beneficios que se derivarían de la regularización de los inmigrantes, incluso como mecanismo de control.

Muchos ni siquiera quieren hacer conciencia de la importancia estratégica del entendimiento con Haití y de lo que representa su mercado para las exportaciones y otros negocios dominicanos. Tampoco de la dependencia de la mano de obra haitiana para la agricultura y la construcción.

Es relevante que tales actitudes se expresen aún en medios de comunicación propiedad de empresarios con intereses en el vecino país.

Solo eso explica el despliegue dado esta semana a la propuesta de un muro a lo largo de la frontera con Haití, tan absurdo que no tiene perspectiva de materialización, que solo sirve para revelar nuestras incapacidades de regulación y para afianzar la imagen internacional de xenofobia y racismo antihaitiano.

Un estimado de costos para que el muro pudiera ser algo efectivo, publicado por HOY el viernes, lo establece en 14,500 millones de pesos, y solo faltaría que pretendieran que lo financiaran organismos internacionales o que lo realizaran trabajadores haitianos como el pueblo de Boca de Cachón que acaba de construirse para albergar a los damnificados del lago Enriquillo.

Urge mayor racionalidad en todo lo referente a Haití, lo que debe comenzar con una concentración de voluntades para el éxito del Plan de Regularización de los inmigrantes.

Colaboración de Haití

Se está pidiendo que la traduzcan y Haití certifique las actas de nacimiento, lo que podría ser eliminado para el carné de trabajador temporal y residente provisional y dejado solo para los que opten por residencia definitiva y para la naturalización como ciudadanos. La foto y huellas digitales en el carné serían suficiente garantía de control interno en el país.

Los medios han revelado los altos costos que están imponiendo los consulados haitianos en el país para certificar actas y expedir y renovar pasaporte, lo que ha generado protestas de los inmigrantes que han ido a solicitar esos servicios.

Eso provocó la destemplada declaración del presidente de la Junta Central Electoral acusando al Gobierno de Haití de hacer negocio con el plan. Mejor se ubicó el ministro de Interior y Policía al reclamar la colaboración de las autoridades del vecino país.

No es sorprendente que los haitianos traten de sacar beneficios de los servicios consulares, como lo han hecho siempre, al igual que sus colegadas dominicanos que en los últimos años elevaron hasta 200 dólares las visas para los vecinos que visitan el país.

Pero en el Plan de Regularización no se justificaría más que el costo de trámite, aunque debería ser gratuito como ha decidido al Gobierno dominicano. Corresponderá a los mismos inmigrantes haitianos demandar enérgicamente una reducción de los costos, lo que debería disponer el presidente Michel Martelly, que esta semana reconoció los esfuerzos dominicanos al revocar la desnacionalización e iniciar la regularización.