Lo que pudo haber sido un gran acuerdo para la unificación y coherencia del Partido Revolucionario Dominicano (PRD), la más antigua organización política nacional,  se convirtió esta semana en un espectacular atropello de su institucionalidad democrática precisamente en el año en que conmemora el 70 aniversario de su fundación.

El acuerdo para investir a Miguel Vargas Maldonado como presidente del partido pudo haber bajado la temperatura en esa comunidad política pero lo echaron a perder al aplazar al menos por un año la legitimación de la dirección nacional, municipal y zonal, concentrando el control del PRD y originando un nuevo foco de conflicto.

Sorpresa tras sorpresa

Después de los sorpresivos pactos del presidente Leonel Fernández primero con Miguel Vargas Maldonado y luego con el Partido Reformista Social Cristiano, esta semana el país asistió a otra inesperada concertación que, como las anteriores, se materializó al margen de los mecanismos institucionales, con el agravante de que ésta generó resistencia.

Vargas Maldonado, quien aparece encarnando la mayoría en el PRD, buscó transar diferencias y se benefició de un amplio acuerdo que lo proclamó presidente de su partido, pero sacrificando su institucionalidad democrática, al no seguir los mecanismos estatutarios y relegar para dentro de  por lo menos un año la elección de los dirigentes, lo que había ocupado la atención partidaria durante los últimos meses.

La Comisión Política del PRD, que apenas el miércoles 3 había ratificado la decisión de la Comisión Organizadora de la Convención Nacional de aplazar para el 5 de Julio la elección de los dirigentes, limitándolos al presidente, secretario general y secretario de organización, nacionales y municipales, ya el domingo 7 decidió proclamar a Vargas Maldonado presidente sin mediar elección y aplazar la escogencia de los demás para después de los comicios legislativos y municipales de mayo del 2010.

Medió un acuerdo entre Vargas y el actual presidente perredeísta Ramón Alburquerque, quien declinaba su propósito de repostularse al cargo, reconocía la mayoría de aquel y planteaba su inmediata proclamación como presidente del partido. A esa elección de facto y al margen de los estatutos, concurrían también el expresidente Hipólito Mejía y el economista y empresario Luis Abinader, aspirantes como Vargas a la candidatura presidencial para el 2012.

Cuando la tarde del domingo se creía que los perredeístas se habían puesto de acuerdo, los candidatos a la Secretaría General y a la Secretaría de Organización, Guido Gómez Mazara, Jesús Vásquez y Geanilda Vásquez, denunciaron la decisión como violatoria de los estatutos partidarios, a lo que se sumó preponderantemente Hipólito Mejía, que de inmediato proclamó que “Vargas no es el dueño del PRD”, reiterando que le disputará la candidatura presidencial a lo que se ha lanzado prematuramente.

Violaciones estatutarias

No hay la menor duda de que tanto la proclamación de presidente sin el voto de la militancia como el aplazamiento por lo menos un año de la elección de los demás dirigentes nacionales, municipales y zonales, son decisiones al margen de los estatutos generales del partido y del reglamento aprobado para la vigésimo séptima convención nacional ordinaria del PRD.

Son varios los artículos estatutarios que se violan, pero bastaría citar el 173 donde se establece que “Los cargos de Presidente, el 70 por ciento de los Vicepresidentes, el Secretario General, el Secretario Nacional de Organización y el 70 por ciento de los Subsecretarios Generales del partido serán elegidos mediante candidaturas uninominales por el voto universal, directo y secreto de la militancia”.

También se viola el párrafo II del artículo 23 según el cual “Sólo por causa de fuerza mayor debidamente justificada, podrá dejar de celebrarse una convención nacional ordinaria para la elección de sus autoridades, sin que en ningún caso la posposición pueda ser por más de seis meses. En este último caso, la dirección cesará de pleno derecho”. 

Las violaciones a los estatutos del partido y al reglamento de la convención está reconocida implícitamente en la misma propuesta sometida y aprobada en la sesión dominical de la Comisión Política cuya quinto y última resolución plantea “que se modifique el Reglamento de la Convención en cualquier parte que le sea contraria, así como disponer la convocatoria de la Convención Nacional Extraordinaria para ser celebrada horas antes de la Convención Nacional Ordinaria, para modificar las disposiciones estatutarias correspondientes”.

En la práctica, los perredeístas violan sus normas institucionales y al mismo tiempo disponen que se modifiquen para adecuarlas a la violación. La Comisión Política cometió otro atropello democrático, refrendado luego por la Comisión Organizadora de la Convención: “olvidaron” que había otro candidato a la presidencia del PRD, debidamente inscrito y aceptado, el joven Juan Carlos Guerra, quien se negó a renunciar reclamando que le contaran los votos, aunque fueran pocos, que había logrado enarbolando una posición institucional y socialdemócrata. “Democráticamente” dispusieron devolverle los 100 mil pesos que había tenido que pagar como cuota de inscripción de su candidatura.

Un intento fallido

La concertación para cohesionar al PRD en torno a quien aparece como principal figura en posibilidad de retornarlo al poder, ha sido un buen intento partidario, que hubiese tenido mayor éxito de haber seguido el curso institucional, manteniendo la elección por el voto de la militancia en la fecha del 5 de julio, por lo menos para los tres cargos principales tanto en el nivel nacional como en el municipal. Vargas Maldonado pudo haber agradecido el respaldo que le daban y pedido que de cualquier forma lo avalara el voto popular, como para los otros cargos en juego. Habría salido mucho más fortalecido.

El argumento de que se aplazaba la elección porque costaría 40, 50 ó 60 millones de pesos, sumas obviamente exageradas, no es aceptable después de meses en que ese partido giró en torno a la organización de su convención, ya que el costo debía conocerse desde el principio. Tampoco se justifica el sacrificio institucional en que culminar el proceso distraía las energías del partido, después de por lo menos ocho meses de lucha interna por los cargos dirigenciales.

No hay explicación convincente de las razones para el cambio el domingo de lo que la misma Comisión Política había ratificado el miércoles. A no ser que en la práctica Vargas Maldonado vio la oportunidad de asumir ya el control total del partido prolongando en la Secretaría General a Orlando Jorge Mera, y en la Secretaría de Organización a Aníbal Duvergé, ambos asimilados a su grupo. Hipólito Mejía y sus seguidores dicen que el acuerdo era sólo para llevar a Vargas a la presidencia del partido, “pero no para darle todo el control”. Los de Vargas aducen que buscaban conciliar con los del PPH que querían mantener el control de muchas vicepresidencias y subsecretarías  generales que difícilmente ganarían  en una elección ahora con el nuevo ordenamiento de fuerzas.

Resultado contradictorio

A la vuelta de una semana, con el ex presidente Mejía en medio de la calle y ya en campaña por una candidatura presidencial para dentro de tres años, y con muchos candidatos a cargos inconformes, lo que comenzó como un buen intento de concertación ha devenido en otro diferendo que reafirma las debilidades institucionales del sistema partidista y la imagen de garata del perredeísmo.

Sólo falta que alguno de los inconformes traslade el conflicto a la jurisdicción contenciosa de la Junta Central Electoral, la que podría encontrar asidero estatutario para anular las decisiones impugnadas, como ya ocurrió con la convención eleccionaria del Partido Reformista Social Cristiano lo que propinaría un golpe exterior al PRD.

Llama la atención que los estrategas no consideraran el revés institucional que supone la suplantación del voto de la militancia en un caso y la suspensión en otros, después de meses en que se reafirmaba que sería efectivo primero este domingo 14 de junio y luego el 5 de julio.

El revés no deja de ser extensivo a la sociedad dominicana, puesto que el PRD es su institución política más antigua, que este año está celebrando su 70 aniversario, y ha sido  precursor de elecciones internas y procedimientos más democráticos bajo los liderazgos de Juan Bosch  y Francisco Peña Gómez, aunque siempre con recurrencia a los conflictos.

Desde luego que la incapacidad para regirse bajo los parámetros de la institucionalidad democrática no es monopolio perredeísta. Por eso gran parte de la opinión pública no ha formulado objeción a este acuerdo como tampoco a los firmados por el Presidente de la República con Vargas Maldonado y con el PRSC.

Tampoco es monopolio de las instituciones políticas, puesto que crisis similares y peores se han registrado en las más viejas instituciones profesionales y hasta en los clubes sociales de las clases medias y altas, como la vieja Asociación Médica, el Colegio de Abogados, el Santo Domingo Country Club y el Club Naco. Pero en el caso de los partidos la continua violación de la institucionalidad democrática es más grave y preocupante por cuanto están llamados a regir el Estado, donde las violaciones de la Constitución, las leyes y reglamentos se acomodan sistemáticamente al interés coyuntural.