El presupuesto y los municipios

A pesar de que la Ley 166-03 dispone que el Gobierno entregue a los ayuntamientos 10% de los ingresos fiscales, en los últimos cinco años se ha faltado a ese mandato. La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) sostiene que los gobiernos municipales dejaron de recibir aproximadamente 81,000 millones de pesos por esa causa.  La actitud […]

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A pesar de que la Ley 166-03 dispone que el Gobierno entregue a los ayuntamientos 10% de los ingresos fiscales, en los últimos cinco años se ha faltado a ese mandato. La Federación Dominicana de Municipios (Fedomu) sostiene que los gobiernos municipales dejaron de recibir aproximadamente 81,000 millones de pesos por esa causa.  La actitud del Gobierno central fue inconsecuente con la creciente necesidad de inversión  en obras y servicios para los municipios.

En el proyecto de Presupuesto General del Estado aprobado ayer por el Consejo de Gobierno se consigna un aumento de mil millones de pesos para los ayuntamientos. No queda claro qué va a ocurrir con los  81,000 millones dejados de entregar en los últimos cinco años. Fedomu ha propuesto una fórmula para que el Gobierno central empiece a amortizar su deuda con los municipios.

Los ayuntamientos tienen compromisos con sus comunidades. Deben  cumplir el mandato  constitucional de elaborar presupuestos participativos para que las comunidades propongan las obras que necesitan. Si no cuentan con los recursos que les acuerda la ley, no pueden planificar su ejercicio. El Gobierno está en el deber de cumplir la Ley 166-03 y al mismo tiempo mejorar la fiscalización de los gastos de los ayuntamientos y pedir rendición de cuentas sobre las ejecuciones de cada uno.

Con veneno no se juega

Los controles sobre el manejo de sustancias tóxicas son débiles e inconsistentes en este país. Cualquier persona sin preparación vende sustancias altamente tóxicas, como el mortífero “Tres pasitos” para citar un ejemplo,  o se dedica a la fumigación de hogares.  El presidente de la Asociación Nacional de Manejo de Plagas Urbanas, Reinaldo  González, considera que los ministerios de Salud Pública y de Agricultura no están haciendo cumplir las normas para el manejo y comercialización de tóxicos.

Para tener una idea del descuido que hay en el país con los venenos, basta decir que 20 toneladas del proscrito DDT han estado almacenadas por más de veinte años en precarias condiciones  en  el Centro de Control de Enfermedades Tropicales (Cencet). Los ministerios de Salud Pública, Agricultura y Medio Ambiente deben tomar cartas en este asunto para controlar rigurosamente el uso y venta de sustancias venenosas.


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