Hoy 
EDUARDO JORGE PRATS
La decisión del gobierno del presidente Leonel Fernández de adquirir la Refinería Dominicana de Petróleo (Refidomsa) es una evidencia más del, al parecer, camino sin retorno que hemos tomado los dominicanos hacia la estatización de importantes sectores de la economía. Ya el gobierno del presidente Hipólito Mejía había decidido adquirir dos de las tres empresas distribuidoras de electricidad, con lo que se asestó un golpe mortal al proceso de privatización.
Se trata de un signo ominoso sobre nuestra economía y nuestro futuro: el regreso del Estado dilapidador, ineficiente, gigante y corrupto.
No podía estar más desentonada esta decisión con el entorno mundial. El planeta ha transitado del Estado interventor al Estado regulador. Este tránsito no ha implicado la desaparición del Estado sino la reformulación de sus funciones. El Estado deja de ser el «dictador benevolente» que trataba de asegurar el bien común tomando decisiones como agente económico y participante de los mercados y se concentra en la actividad de regulación económica. El Estado regulador requiere la aplicación de instrumentos de alta precisión regulatoria en contraste con el Estado interventor: autoridades independientes para autonomizar las decisiones regulatorias de las veleidades partidarias, discrecionalidad técnica del regulador, defensa de la competencia, control judicial de la actividad administrativa, defensa de los consumidores y usuarios, protección del medio ambiente y regulación de los servicios públicos.
Lógicamente es más fácil y cómodo atenerse al tradicional Estado interventor. Como bien afirma Antonio Negri, teórico italiano nada sospechoso de neoliberalismo, en su libro «Goodbye Mr. Socialism: la crisis de la izquierda y los nuevos movimientos revolucionarios»: «Los dirigentes de la izquierda desearían ser empresarios, y al no poder serlo como particulares se dedican al sector público, como empresarios estatales». El «éxito» de esta gestión estatal será visible en Refidomsa, como ya ha advertido Bernardo Vega, con el aumento excesivo de la nómina de empleados y con la dependencia de un solo suplidor (Venezuela), no importa sus precios ni la calidad de su producto.
En contraste, la tarea de construir un Estado que regule eficientemente la economía del mercado y proteja los intereses de la sociedad es una misión necesaria pero difícil. Es más fácil construir puentes, carreteras y edificios, como bien señala Bienvenido Alvarez Vega. El Estado regulador, en palabras de Mariano Carbajales, «no es tanto un agente económico sino más bien un constructor de «institucionalidad», es decir, del espacio público en el cual los agentes privados asumen responsabilidades». La construcción y operación de la infraestructura institucional es la misión clave del Estado regulador.
El gobierno del presidente Fernández no ha estado solo a la hora de decidir adquirir Refidomsa. Los partidarios del Estado tradicional están en todos los segmentos políticos porque, a fin de cuentas, con la estatización crece el tamaño del botín estatal y la posibilidad de repartir empleos y favores a diestra y siniestra. A pesar de la natural alegría de los estatistas de todos los colores, el país sufrirá como destino de inversión y el sector privado ha perdido la oportunidad de contribuir al desarrollo del sector energético, en una encrucijada como la que vive la República Dominicana.
Hoy como ayer la tarea fundamental para los dominicanos fue, es y seguirá siendo construir un Estado basado en instituciones. Pero, en el siglo XXI, el Estado que necesitamos los dominicanos, el que exige el mundo globalizado e interdependiente en que vivimos, es un Estado que ajusta la convivencia social y el desenvolvimiento individual a principios y reglas. Un Estado que deja las empresas al sector privado y asume como misión exclusiva y fundamental la regulación de los agentes de un mercado que, por demás, como ya ha señalado Joseph Stiglitz, falla permanente y no solo ocasionalmente y, por esa razón, requiere la intervención del Estado no como participante o agente económico del mercado sino como regulador. Un Estado que, hay que decirlo, no deja de ser Estado social -que es lo que importa – porque de lo que se trata es cambiar los medios de la intervención estatal más que los fines perseguidos por el Estado, que serán siempre la protección efectiva de los derechos de la persona en un orden de libertad individual y de justicia social.
