El presidente Medina guardó silencio durante el debate generado por la sentencia 168/13 del Tribunal Constitucional, TC, ese silencio duró un año, rompiéndolo con su envío de la Ley 169/14 al Congreso para paliar los daños causados por esa sentencia. La JCE mantiene sus obstáculos al cumplimiento de esa Ley y el jefe del Estado calla. Ahora tendrá que hablar pronto, arrastrado por la reciente resolución del TC que pretende sacarnos de la CIDH, debido a las consecuencias políticas y económicas internacionales que ésta acarrearía al país.

De la primera resolución, como de la última, los sectores del ultranacionalismo enquistados en ese tribunal y en otros poderes del Estado han sido los principales promotores. En ambos casos han pretendido establecer un falso “imperio de la ley” por encima de las acciones de los gobiernos, “corrigiendo” lo que ese tribunal interpreta como errores de los gobiernos en materia migratoria en el primer caso y un presunto desliz procedimental en el segundo. Algunos dicen que al ser resoluciones del TC, al jefe del Estado, en este caso también del Gobierno, está obligado a acatarlas como única opción.

Ello así, porque el tema más que jurídico es esencialmente político. Las referidas acciones del TC son impulsadas por un minúsculo sector político para imponer sus posiciones al jefe del Estado, sin medir unas consecuencias, que han sido trágicas para decenas de miles de ciudadanos condenados a ser apátridas en el caso de la sentencia y para el país en el caso de la resolución arriba referida.

Un problema político del cual el Presidente no puede abstraerse, debe que intervenir por razones de alto interés del Estado/nación y para proteger a esos ciudadanos.

Todo jefe de Estado traza una política de interés nacional que sirve de marco de actuación a los otros poderes del Estado. Por carecer de esa visión y por la inacción del jefe del Estado dominicano es que hoy día algunas instituciones, como la JCE y la Dirección de Migración, básicamente, controladas por sectores del ultranacionalismo, han mantenido una agresiva actitud de negación de derechos a un significativo número de ciudadanos dominicanos de origen haitiano, colocándonos en la delicada posición que tenemos en el plano internacional.

El Ejecutivo no debe intervenir en otros poderes, pero sí trazar los umbrales para una acción deseable de estos. Ignorar ese principio básico y el miedo a los ultranacionalistas ha determinado que actualmente este país sea objeto de sanciones y burlas en importantes organismos internacionales por las absurdas e impracticables resoluciones del TC que crean apátridas y la pretensión de sacarnos del sistema interamericano de derechos humanos del cual formamos parte bajo el amparo de la Constitución.

Con esas y otras acciones, el TC actúa como un supra poder que en cuestiones básicas dirige el Gobierno y al Estado, obstruyendo el normal desenvolvimiento del primero y debilitando el segundo, con nefastas consecuencias políticas, económicas y sociales para el país.

El presidente Medina y su partido, son los principales responsables de esa circunstancia y que por más de un año esta sociedad esté sumida en el debate de una problemática migratoria que los sectores ultranacionalistas enturbian cada vez más.