Las instancias oficiales reguladoras del transporte, que se multiplicaron en este país como la mala yerba, han existido a la sombra de un pecado de origen que solo puede explicarse desde el prisma del clientelismo político. Su creación no ha obedecido a la necesidad de contar con un instrumento para aplicar una ley de transporte, porque esa ley sencillamente no existe. ONATRATE, OTTT, OMSA, CTC y OPRET son algunas de las siglas correspondientes a estas entidades costosas e infuncionales.

Otro eje del problema concierne a la distorsión de un incentivo que, estando concebido para abaratar los costos del transporte, se ha convertido en alimento para mafias. Una buena parte del gasoil subsidiado por el Gobierno es vendido irregularmente por entidades que solo tienen el nombre de sindicato, pero que no operan unidades de transporte. Contratistas de obras oficiales y gente del poder están entre los detentadores de este beneficio.

El conversatorio con los transportistas, sostenido ayer en el almuerzo de los medios del Grupo de Comunicaciones Corripio, permitió airear estos temas y llegar a la conclusión de que, definitivamente, hay que crear una ley y una entidad única y específica que regule el transporte, y cortarle los hilos al tinglado que se reparte el subsidio que debe ir a los auténticos transportistas, y a través de ellos, a los usuarios del servicio.

TRABAS QUE HAY QUE REMOVER

Aunque el régimen fiscal ha creado pautas para atenuar los efectos de la presión tributaria sobre los contribuyentes, algunas trabas se imponen para frustrar esta intención. Estudiantes y padres de éstos se quejan de que están privados del beneficio de la Ley 170-09, sobre Deducción de Gastos Educativos, porque colegios y universidades se valen de subterfugios y argumentos injustificables para regatearles la certificación de gastos, o comprobante fiscal, cuando la requieren.

El asunto debería motivar una investigación de parte de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII), para determinar si tienen algún mérito los argumentos de las entidades educativas para negarles a los contribuyentes una certificación a la que tienen pleno derecho. Hay que ver qué se esconde detrás de esta conducta.