Las “Altas Cortes” y demás cuerpos colegiados del orden constitucional de la República, no dejan de sorprendernos con su capacidad para violar los principios más elementales de la justicia y la paz social dominicana.
La última decisión del Tribunal Constitucional invalida la nacionalidad de hijos de inmigrantes haitianos ilegales desde el 1929, calculándose en unos 250 mil las víctimas de ese “genocidio jurídico” que recuerda una expresión atribuida al francés Fouché, sobre la muerte de un enemigo de Napoleón Bonaparte:“más que un crimen fue un gran error político”.

El único antecedente dominicano de tal iniquidad es undecreto-ley del 1919 del gobierno militar norteamericano que en un país de mayoría mulata con muchos negros y menos blancos, prohibió “la inmigración de personas que no fueran de raza caucásica”, con lo que se detuvo la llegada de “cocolos” barloventinos, que trabajaban en la caña por buenos salarios, siendo sustituidos por haitianos traídos como “temporeros”, a quienes pagaban una miseria con grandes beneficios para las empresas norteamericanas. Esta situaciónbien puede culminar con una declaración de las Naciones Unidas de la población de origen haitiano como una “minoría nacional”, con todas sus consecuencias, comoexigir representación política y otras garantías ciudadanas, bajo supervisión internacional, como hicieron en Kosovo.
El genocidio cometido por Trujillo contra miles de haitianos en 1937 fue consecuencia de la visión racista de muchos dominicanos de élite, que por una de esas curiosidades de la política obligó a las empresas azucareras a emplear mano de obra dominicana en los ingenios, quienes no estaban acostumbrados a trabajar en condiciones infrahumanas, lo que contribuyó a las huelgas de 1943 y 1946, que puso en jaque a Trujillo. Esa decisión podría equipararse en el orden político al golpe de estado de la oligarquía contra el gobierno de Juan Bosch hace justo 50 años, que tanto daño causó al pueblo dominicano.
Los dos grandes problemas que trae la migración haitiana son las diferencias culturales y la competencia “desleal” de sus ciudadanos en el mercado de trabajo, pues les pagan menos y tienen escasa protección social para beneficio de los empleadores.

Como nuestro país y Haití tienen una población análoga de unos 10 millones de habitantes, la inmigración masiva de haitianos con una identidad social diferente, que apenas dominan el español, sin calificación profesional y ajenos a nuestra historia y costumbres, constituyen una fuente creciente de tensiones sociales de impredecibles consecuencias; que en el orden político pueden ser obstáculos para la convivencia entre ambos pueblos.

La Constitución del 2010 que excluye de la nacionalidad dominicana a los hijos de indocumentados sí tiene sentido, pero a partir de esa fecha, porque la decisión de la SCJ de 2005 tampoco tiene asidero jurídico en el orden internacional; pero si está acompañada de la eliminación de los guetos haitianos integrándolos a la población dominicana con la enseñanza de nuestra lengua e historia, a la vez que se impide que se establezcan los nuevos inmigrantes ilegales, obligando a los empleadores del campo y la ciudad, privados y del gobierno a que paguen multas elevadas cuando los emplean. Eso sí es posible.