EDUARDO JORGE PRATS
La Oficina de Naciones Unidas sobre Drogas y Crimen (UNODC) presentó a comienzos de esta semana un ambicioso plan para luchar contra el tráfico de seres humanos, que afecta a millones de personas provenientes de 127 países y quienes son explotados sexualmente o sometidos a trabajos forzados en otras 137 naciones.

Este tráfico, valorado en unos 32,000 millones de dólares, ha sido ilegalizado por el Protocolo de las Naciones Unidas contra el Tráfico de Personas que entró en vigor en el año 2003. Esta “Iniciativa Global” busca combatir un fenómeno que elige a los más vulnerables como sus víctimas y que constituye a juicio de la ONG estadounidense “Liberad a los Esclavos”, una verdadera “esclavitud moderna”.

Sin negar que esta nueva esclavitud sea, sin lugar a dudas, y para utilizar las palabras de Antonio María Costa, director ejecutivo de la UNODC, “la incómoda verdad de la sociedad moderna”, es curioso que esta oficina no resalte las causas fundamentales del fenómeno. ¿Por qué millones de personas se someten a las condiciones infrahumanas de su transporte a otros países y del trabajo que realizan en los mismos? ¿Qué explica que el tráfico de personas sea tan lucrativo? La respuesta nos la dio hace diez años el jurista italiano Luigi Ferrajoli:

“En la crisis de los estados y de las comunidades nacionales que caracteriza a este final del siglo XX, con los fenómenos de las migraciones de masa, de los conflictos étnicos y del distanciamiento creciente entre el norte y el sur, debemos […] reconocer que la ciudadanía ya no es, como en los orígenes del Estado moderno, un factor de inclusión y de igualdad. Hoy, por el contrario, debemos admitir que la ciudadanía de nuestros países ricos representa el último privilegio de status, el último factor de exclusión y discriminación, el último resto premoderno de las desigualdades personales que contradice la aclamada igualdad de los derechos fundamentales”.

El tráfico de personas es un negocio porque, a pesar de que las constituciones de los países ricos reconocen todos los derechos fundamentales a todos los individuos en cuanto personas, y no en cuanto ciudadanos, luego hacen desvanecer estos derechos al atribuir de modo exclusivo a los ciudadanos el derecho de residencia en el territorio del Estado. En otras palabras, la libertad de movimiento es un derecho de la persona, pero el derecho de adoptar la residencia que cada uno prefiera está atrapado en las fronteras de los Estados: los derechos de residencia y de libre circulación se encuentran reservados para los ciudadanos del Primer Mundo.

Combatir el tráfico de personas implica abrir las puertas de las fortalezas del Primer Mundo. Como bien lo explica otro jurista italiano, Ermanno Vitale, “reivindicar que el derecho a la migración debe ser un derecho de las personas no significa negar que los flujos migratorios deban ser regulados: significa que los flujos deben regularse con la finalidad de favorecerlos, eligiendo y no impidiendo (sobre la base del culturalismo que ha reemplazado el racismo) las migraciones de las personas y, mucho menos, permitiendo su gestión como si se tratara de mercancías o de recursos a disposición de los procesos económicos (como una fuerza de trabajo que carece de derechos fundamentales)”.

Pero, más aún: erradicar la esclavitud moderna implica que los ciudadanos de los países ricos comprendan que sus gobiernos y sus decisiones personales son culpables, en gran medida, de la pobreza de los ciudadanos de los países pobres. Ello requiere estrategias radicales: como la de que el 15% de la humanidad que detenta el 80% de la renta mundial dedique al menos un 1% a erradicar la pobreza del 46% de la población mundial que sólo posee el 1.2% de la renta global. Este dividendo global de recursos, propuesto por Thomas Pogge, conjuntamente con la garantía del derecho a emigrar y a inmigrar, es el paso para que todos seamos iguales en derechos y nadie sea sometido a coerción. El dividendo global combate las causas de la emigración y el reconocimiento del derecho a emigrar y a inmigrar hace que ya no sea negocio el tráfico de personas. Sólo estas dos medidas permitirán erradicar la esclavitud moderna y el último privilegio de status.  e.jorge@jorgeprats.com