El país está bajo el asedio  de la violencia criminal. Esta situación pone a prueba en todo momento la capacidad de las autoridades para contrarrestar la ofensiva y, sobre todo, para prevenirla. Y es común que la autoridad se aferre a estadísticas que pretenden comparar la situación nuestra con las de otros países, o índices locales de distintas épocas para denotar altas y bajas relativas. Sin embargo, cada homicidio, cada muerte violenta, deja un testimonio irrefutable de las causas, medios y circunstancias que la produjeron. Deja un mensaje explícito que solo puede ser decodificado por un testigo de excepción, que  sin haber estado en la escena del suceso es el único irrefutable.

El doctor Sergio Sarita Valdez, de reconocida  autoridad en materia de patología forense, opone  el testimonio de las necropsias hechas  este año a la afirmación de la Policía, de que la criminalidad ha disminuido en este período. Dice que en lo que va de año la criminalidad ha aumentado, que el Instituto Nacional de Patología Forense ha realizado más de 1,600 autopsias que han arrojado como resultado que  las edades de la  mayoría de las víctimas oscilan entre 15 y 27 años, que en la mayoría de los casos se comprobó que las víctimas habían usado drogas, que  los homicidios siguen siendo la principal causa de muerte, y que las armas de fuego han sido los objetos preferidos por los homicidas. No hay dilema. El patólogo es  testigo irrefutable.

Un caso de lesa humanidad

Durante mucho tiempo hemos visto a cientos de ex trabajadores del Consejo Estatal del Azúcar gestionando el pago de sus pensiones y las terribles dificultades que han enfrentado en esas gestiones. Un aspecto clave entre los factores que han impedido que logren sus objetivos es el estado de deterioro en que se encuentran más de siete millones de expedientes de 15,000 trabajadores que devengaban  salario mínimo. Esos expedientes alimentan polillas y se pudren en la dirección de Pensiones del IDSS y muchos ya son ilegibles.

La forma en que se manejó el historial laboral de estas personas es un pecado de lesa humanidad, toda vez que con el paso de los años el deterioro de estos papeles haría imposible extraer de ellos información útil, necesaria para fines de pensión. El contraste es descomunal cuando se compara esta situación con la presteza y privilegio que ha caracterizado a otras pensiones.