San Juan. La compañía eléctrica estatal de Puerto Rico, con unos 9.000 millones de dólares de deuda, rechazó la última propuesta de los acreedores, porque “impone riesgos desproporcionados” y no garantiza una “exitosa reestructuración».

Así lo informó hoy en un comunicado Harry Rodríguez, presidente de la Junta de Gobierno de la Autoridad de la Energía Eléctrica (AEE), la más endeudada de todas las empresas públicas de Puerto Rico, que en conjunto deben más de 72.000 millones de dólares.

El Gobierno de la isla, que considera la deuda una carga insalvable, ha planteado una moratoria de pagos a los acreedores.

“Aunque contiene varios elementos positivos”, como “un reconocimiento de la importancia de mantener tarifas asequibles y la necesidad de un alivio sustancial de la deuda durante un número de años”, la última propuesta de los acreedores de la AAE no abre el “camino para una exitosa reestructuración, según Rodríguez.

Además, el directivo asegura que la propuesta de los acreedores no es asumible porque “impone riesgos desproporcionados para los contribuyentes y otros tenedores de deuda».

Según Rodríguez, la AEE sigue centrada en “continuar sus negociaciones con todas las partes interesadas y trabajando hacia un plan realizable”, pero no da detalles sobre nuevos plazos o reuniones con los acreedores de la compañía.

La AEE informó el pasado día 1 de que había cumplido con el pago de 415 millones de dólares de deuda que vencía a finales de junio, después de que varias aseguradoras se comprometieran a comprar una nueva emisión de bonos.

El pago se realizó gracias a provisiones destinadas al pago de la deuda y una partida de más de 150 millones de dólares provenientes del fondo general del Estado.

La deuda más apremiante de las que debe saldar una corporación puertorriqueña, con plazo el próximo 1 de agosto, es por 94 millones de dólares y corresponde a la Corporación para el Financiamiento Público (PFC).

Según un informe de Moody’s Investors Service publicado este miércoles, los tenedores de la deuda soberana de Puerto Rico podrían recibir sólo 35 centavos por cada dólar invertido si el Gobierno decidiese reestructurar la deuda de sus corporaciones.

“Creemos que la probabilidad de bancarrota se acerca al 100 % y que las pérdidas si se produce un incumplimiento de pago van a ser sustanciales”, apunta el informe.

La agencia financiera señala que la reestructuración de la deuda de las corporaciones de Puerto Rico será complicada, ya que por su estatus de Estado Libre Asociado carece de los mismos derechos legales que hay en EE.UU.

Puerto Rico, a diferencia de Grecia, matiza el informe, no puede por su estatus político recurrir a un prestamista de última instancia como el Fondo Monetario Internacional.