Las grandes empresas distribuidoras de combustibles obtienen beneficios superiores a los 7 mil millones de pesos anuales con la comercialización de carburantes subsidiados y exonerados de impuestos, lo que sumado a lo que cobra el gobierno por ese concepto, encarece el costo final de esos derivados del petróleo a la población, denunció el presidente de la Asociación Nacional de Detallistas de Gasolina (Anadegas), Emilio Vásquez.

Sostuvo que con esa extraordinaria cantidad de recursos que se sacan de los bolsillos de los consumidores, el Gobierno podría ejecutar numerosos proyectos de infraestructura, mejorar la calidad de la salud, la vivienda y la alimentación de gran parte de la población dominicana.

El principal directivo de Anadegas aseguró que dichas distribuidoras, además de beneficiarse con subsidios y exenciones, las importaciones que realizan en enormes volúmenes entran al país mediante trasiego y contrabando, porque no pasan por la Refinería Dominicana de Petróleo, ni tampoco son fiscalizados en las terminales de importación en el país.

Dijo que los grandes beneficiarios de los subsidios y esas exensiones son grandes distribuidoras parciales al ministro de Industria y Comercio, José del Castillo Saviñón, quien desde que asumió el cargo el 17 de agosto del 2012 modificó la resolución 6495 que fija el precio de los combustibles.

Indicó que eso ha permitido que dichas importadoras y distribuidoras de combustibles hayan aumentado sus márgenes de beneficio en un 145%, mientras los detallistas apenas obtienen 1.25%.

El principal dirigente de Anadegas consideró como acción de lesa humanidad el que se esté sacrificando el bolsillo de los consumidores con precios que no se corresponden con el costo del petróleo, permitiendo grandes volúmenes de beneficios a los importadoras y distribuidoras de combustibles.

Según Vásquez, en el Ministerio de Industria y Comercio existe una “mafia corruptora“ que impide que los precios de los combustibles lleguen al consumidor a precios adecuados, con el fin de beneficiar a esos empresarios que no pagan impuestos.

Expuso que en ese ministerio se aplican elementos en los cálculos para reajustar los precios de los carburantes, que perjudican y penalizan a los consumidores y demás sectores productivos del país.

Preyecto Pelegrín. El presidente de Anadegas dijo respaldar el proyecto que modificaría la Ley 112-00 de Hidrocarburos, sometido por el exdiputado Pelegrín Castillo, porque considera que “acabaría con la mafia y la corruptela que se practica en los reajustes de los combustibles”.

Indicó que de aplicarse los parámetros reales, en esta semana el galón de gasolina premium debió bajar 32 pesos, la regular 25 o 30, el gasoil 22 pesos, y el gas licuado de petróleo, tres pesos.

¨Los empresarios distribuidores, que en los últimos años han entrado a importar grandes cantidades de combustibles sin explicar cuál es su destino y al final trasiegan en el mercado de contrabando, aseguró.