Eugenio Raúl Zaffaroni es uno de los pensadores más influyentes en la reforma de los autoritarios sistemas penales de Iberoamérica. Reputado doctrinario, antiguo juez del tribunal supremo argentino y miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), su pensamiento se articula alrededor de la idea de que el Código Penal y el Derecho Penal, en lugar de ser mecanismos del Estado para ejercer control social sobre los más débiles, deben contribuir a limitar las pulsiones autoritarias del Estado de policía; que los procesos penales y las cárceles deben ser reformados para que no sean lo que son ahora, instrumentos para atrapar y encerrar a las sardinas de los delitos bagatela y dejar escapar a los tiburones de cuello blanco; que la penalización de la tenencia de drogas sólo castiga a los pequeños consumidores; y que es falso que endurecer y alargar las penas contribuye a una disminución de la inseguridad ciudadana. En fin, Zaffaroni propugna por un Derecho penal y procesal más garantista y que detenga la deriva autoritaria del Derecho penal del enemigo, que, en aras de garantizar el orden, tiende a volver permanentes las limitaciones excepcionales a las libertades.
A raíz de unas declaraciones de Zaffaroni, en las que afirmaba que “quisiera que se fueran (los del gobierno de Macri, EJP) lo antes posible, para que hagan menos daño”, se desató una ola de denuestos contra el jurista, desde acusarlo de “golpista”; pedir personalidades públicas y grupos sociales y gremiales, incluyendo asociaciones y colegios de abogados y hasta el propio Ministro de Justicia su renuncia de la Corte IDH; afirmar el presidente Mauricio Macri que “es una vergüenza lo que dijo Zaffaroni, debería ser el primero en defender los valores de la democracia”; y presentar un grupo de ciudadanos una denuncia penal en su contra ante la justicia federal por sus polémicas declaraciones, por supuestamente constituir “apología del crimen” e “incitación a la violencia colectiva”. Como es obvio, no hay dudas que se pretende criminalizar la libertad de expresión y opinión y que, en modo alguno, las declaraciones de Zaffaroni pueden constituir ilícito. Se trata de una corriente de penalización de la opinión y de la protesta que ha alcanzado niveles impensables tanto en Argentina como en la propia España pero que, en el caso de Zaffaroni, es un instrumento, además, para evitar las críticas de un reputado jurista a los procesos contra la corrupción iniciados en la tierra de Borges y Gardel contra destacados dirigentes del Ancien Regime kirchnerista, incluyendo a Cristina Fernández, así como a las causas que se siguen a algunos líderes sociales y comunitarios por sus protestas contra la política socio-económica del gobierno de Macri.

Lo que duele al gobierno de Macri de Zaffaroni es lo que él dice de la prisión preventiva y del perverso sistema penal que propugna por volverla normal y no excepcional. Afirma el gran jurista argentino: “La prisión preventiva es la que se dispone durante el proceso, antes de cualquier condena, ante una simple imputación y, como su nombre lo dice, se traduce en una prisión, o sea que se impone una pena cuando todavía no se sabe si el penado es o no culpable. Se trata del tema más incomprensible de todo el derecho procesal penal: una verdadera cuadratura del círculo. Para evitar que se admita que hay penas sin condena, los procesalistas afirman que es una medida cautelar, análoga al embargo civil. No lo es, porque el embargo es de bienes y el embargado puede exigir una garantía para el caso de no ser condenado en el proceso civil, que también será en bienes o dinero. Pero como el preso pierde libertad, es imposible repararlo devolviéndole el pedazo de existencia que se le quitó. Los juristas nazis y fascistas reconocieron que era una pena y afirmaron que debía serlo: si alguien está preso, siempre ‘por algo será’. Uno de los más citados entre nosotros se preguntaba: ¿Cómo es posible que se considere a alguien inocente y se lo meta preso? Los que no somos nazis ni fascistas también afirmamos que es una pena para alguien que, como aún no sabemos si es culpable, por lo menos de momento debemos considerarlo inocente. Por eso, justamente, sostenemos que nadie debería estar preso sin haber sido antes condenado. Pero como tampoco estamos locos debemos reconocer que, si alguien mató al vecino, no puede tomar mate al día siguiente en el jardín de su casa y saludar a la viuda por encima del cerco. Por eso, no resolvemos la cuadratura del círculo, pero no nos queda otro remedio que sostener que esa pena sin condena sólo puede ser extremadamente excepcional. Eso es lo que prevén nuestra Constitución, nuestra legislación, el derecho internacional y nuestros juristas de todos los tiempos, contra una realidad que se empeña en llenar las cárceles con penados sin condena”.

En fin, a Zaffaroni lo quieren fuera de la Corte IDH y en la cárcel porque critica el “lawfare”, que no es más que la guerra contra el adversario político –sea el opositor en Venezuela o el corrupto funcionario antecesor de cualquier nuevo régimen- convertido en enemigo, contienda que se disfraza bajo la forma de persecución y procedimiento judicial. En esta guerra, se incorpora un sector judicial, compuesto por jueces “ansiosos por comportarse como ‘jueces propios’, insensibles a la evidencia del viejo Heráclito (‘todo fluye’), quizá pensando en rápidos ‘ascensos’”. Estos jueces “causan un triple daño: individual (a los perseguidos políticos), social interno (a la confianza en el derecho) y colectivo externo (a la imagen de la Nación)”. Es un “lawfare” que “es también ‘law far’”, porque está muy lejos del derecho” y del “fair trial” (juicio justo).