Entre las prioridades de mayor importancia para lo mediato y el futuro de República Dominicana está llevar al magisterio nacional al nivel de capacitación que es imprescindible para elevar la calidad de la educación. El país, que hoy rinde homenaje a los maestros, quisiera ver a todos ellos en el primerísimo plano de la inversión del Estado mejorando sus condiciones de vida, creándoles un equilibrio perfecto entre el tiempo que tienen que dedicar a la docencia y el que deben utilizar para formarse o reforzar su nivel profesional; rodeándoles de protección social para que, entre otros objetivos básicos, cumplan su labor sin preocupaciones por el futuro porque saben que van a pasar a un retiro satisfactorio materialmente como merecen por el útil papel desempeñado.

Una aspiración oportuna en este Día del Maestro sería ver crecer el número de educadores calificados en servicio activo en atención al reto que representa el segmento poblacional joven que sigue fuera de aulas; y que la Tanda Extendida logre una excelente función como productiva extensión de los horarios escolares, diversificando y enriqueciendo la tarea docente para que de los planteles públicos egresen adolescentes y adultos de mejores calificaciones que las actuales, sea para integrarse a la educación superior o para entrar a la vida productiva caracterizada cada vez más por empleos que obligan a reunir mayor calificación.

El peso de los antecedentes

La Oficina del Defensor del Pueblo, costeada por el Estado, decidió asistir con abogados a un joven que expuso testimonios de que la Policía lo torturó en Baní. El organismo le ha dado crédito a la denuncia que al observador común debe parecerle atendible por un asunto de contexto y de motivos para suponer que sí, que en ocasiones -y en reminiscencia de peores épocas para derechos humanos- en este país todavía se arrancan confesiones a palos.
Tratándose de un cuerpo del orden en el que por años se aplicaban tratamientos abusivos que evidentemente han sido de difícil erradicación según el récord de denuncias registradas por decenios, habría que enfocar este último caso con un requisito de «inversión de las pruebas», propugnado alguna vez por el expresidente Leonel Fernández. Que el acusado demuestre su inocencia.