En medio de cuestionamientos sobre la efectividad, costos, asignación y otros aspectos, existe la posibilidad de que hoy sea sometida a prueba la primera planta de la central termoeléctrica Punta Catalina, con un aporte inicial de entre 30 a 40 megavatios.
De acuerdo a consultas realizadas con sectores vinculados al sistema eléctrico, en el país hay seis ingenieros de la compañía General Electric supervisando el proceso. De hecho, el jueves pasado se hicieron pruebas.
El ministro de Hacienda, Donald Guerrero, dijo el jueves que “la planta va a prender el sábado, tendremos energía de Punta Catalina. La realidad es que la planta está marchando en la fase final de pruebas de todos los sistemas”.

La Central Termoeléctrica Punta Catalina está integrada por dos unidades de generación eléctrica de 376 megavatios brutos cada una, para un total de 752 megavatios, ubicada en el distrito municipal de Catalina, Baní, provincia Peravia. La central generará energía a partir de la quema limpia de carbón mineral pulverizado.
El Gobierno espera que Punta Catalina sea más eficiente que las tecnologías de carbón tradicionales que operan en el país. Ello le permitirá obtener un nivel mayor de energía generada por unidad de carbón consumida y disminuirá los niveles de polución a través de la reducción de las emisiones de CO2, mitigando el impacto ambiental.

El vicepresidente de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales (CDEEE), Rubén Jiménez Bichara, aseguró que tan pronto entre el sistema a plena capacidad, Punta Catalina reducirá los costos de generación, bajará las pérdidas de las distribuidoras eléctricas, reducirá el subsidio y contribuirá con un incremento de la oferta energética, ya que su aporte representa cerca de un tercio del consumo nacional.
Fricción. Sin embargo, desde sus inicios, la construcción de esta planta ha tenido que superar cuestionamientos diversos como es el caso de la adjudicación de su construcción a la empresa brasileña Odebrecht.
Fue tanta la presión, que el gobierno tuvo que designar una comisión especial conformada por connotadas figuras, presidida por Agripino Núñez Collado, para revisar el proceso.
A pesar de que los comisionados descartaron, luego de más de seis meses de estudio, algún tipo de irregularidad, el Partido Revolucionario Moderno (PRM) insistió en que se produjeron anomalías.

El PRM dejó por sentado que en el proceso se violaron la ley de Soborno 448-06 y la de Contrataciones 304-06.
El 31 de julio de 2017, el presidente Danilo Medina designó como administrador de la central termoeléctrica al economista Jaime Aristy Escuder, quien fue miembro de la comisión que investigó el proceso de adjudicación, lo que también fue cuestionado por Marcha Verde y otros sectores. La sobrevaluación en el costo de la planta es otro aspecto objetado, al igual que la aprobación de préstamos millonarios para su ejecución por parte del Congreso Nacional.