La prestación de servicios de transporte en todos los ámbitos en que debe estar disponible para los ciudadanos no puede quedar a la libre decisión de agrupaciones e individualidades de la actividad y menos aun de aquellos que apelan a exaltados pronunciamientos con los que pretenden tener siempre la última palabra. La disponibilidad de medios para el desplazamiento de personas y materiales por todo el país es un asunto de orden público. Nadie es dueño allí. Los que verdaderamente tienen primacía son los usuarios a los que el Estado tiene que garantizar la disponibilidad con ejercicios de autoridad ordenados por la Constitución y las leyes.
El Instituto Nacional de Tránsito y Transporte, Intrant, es depositario de los mandatos correspondientes y se celebra su decisión de llevar adelante con respaldo de la colectividad la aplicación de procedimientos para que la presencia de unidades de transporte en importantes rutas de Santo Domingo responda a las exigencias de los ciudadanos. Mediante la licitación, con convocatoria a los interesados en ser autorizados a transitar con pasajeros, debe lograrse de una vez por todas que solo circulen vehículos rigurosamente aptos para la demanda, conveniencia y seguridad de los ciudadanos bajo responsabilidad de operarios competentes, de conducta certificada y formal compromiso de someterse a las reglas del Intrant. Las cosas no pueden seguir como hasta ahora.

Recaudar más sobre la marcha

La Dirección General de Impuestos Internos ha estado en la onda corecta de mejorar por vía administrativa el cobro de tributos, combatiendo evasiones y elusiones que han tenido al Fisco reducido de ingresos a veces por sus propias fallas que evidentemente tienen remedio y que delatan trámites engorrosos o tasas que incentivan el ocultamiento. El Estado debe avanzar hacia la equidad contributiva. Que nadie pague de más ni de menos y en atención al volumen de utilidades de cada quien.

Además de la eficiencia justiciera al recaudar la calidad del gasto público debe mejorar, lo que figura como una de las metas a ser alcanzadas mediante un añorado, y siempre postergado Pacto Fiscal. Al margen del vacío de consenso, las autoridades tienen que mostrar con transparencia que administran bien los recursos.