La República Dominicana se destaca como referente latinoamericano en desarrollo de las telecomunicaciones. Ese logro está indisolublemente vinculado al nacimiento, un día como hoy de 1930, de la Compañía Dominicana de Teléfonos, hoy Claro, pionera que surgió con una mística de servicio de alta calidad en una amplia gama de modalidades. Inició operaciones como subsidiaria de la Anglo Canadian Telephone Company, instalando en San Pedro de Macorís la primera central telefónica automática fuera de Santo Domingo.
Un aporte notable de esta compañía fue el rescate del servicio telefónico tras el azote del ciclón San Zenón. Hasta 1930, ese servicio estuvo en manos del Gobierno, pero la falta de recursos y la destrucción de las instalaciones por el meteoro imposibilitaban su operación y la compañía que hoy es Claro asumió el compromiso de su operación inter provincial, después de una negociación con el Gobierno de entonces.
En 85 años de historia, esta empresa ha plantado huellas indelebles en el progreso del país, particularmente con sus servicios de telefonía alámbrica e inalámbrica, transmisión de data de alta velocidad, comunicaciones internacionales, proveedor de internet, televisión por cable y otras modalidades de entretenimiento. Esta razón social ha estado presente por generaciones como protagonista del progreso del país.

Noción que peligra 

Al crear las comisiones de veeduría el Gobierno dejó la impresión de que le inspira un sentimiento de transparencia, pero algunos ejemplos no reafirman esa impresión. Cinco de los siete miembros de la comisión del Instituto Nacional de Bienestar Estudiantil (INABIE) renunciaron porque no se les suministraban los datos que solicitaban para poder hacer su trabajo. Pero no es el único caso. En la comisión de veedores de turismo hay disgusto porque, entre otras cosas, no ha sido designado un técnico que el grupo necesita para poder hacer su trabajo.
Los veedores, que en su mayoría son gente muy ocupada, no pueden estar desperdiciando el tiempo con los silencios que reciben como respuesta a sus requerimientos ni ser testigos pasivos de violaciones a la ley de acceso a la información pública.