La Jurisdicción Inmobiliaria emitió cuatro resoluciones en diciembre del año pasado que vinieron a corregir muchos problemas en materia catastral en el país y se traducirán en ahorro de tiempo, costos e ingresos de recursos para el Estado; sin embargo todavía existen importantes retos y desafíos que enfrentar que afectan la seguridad jurídica y, por ende, la inversión.
Así lo afirmaron el presidente y el vocal de la Asociación Dominicana de Agrimensores (Asodagrim), Miguel Valoy y Jotan Hiciano, respectivamente, durante su participación como invitados en el Encuentro Económico de HOY.

Los directivos de Asodagrim definieron la Resolución 3642-2016, que aprueba el Reglamento de Desjudicialización de Deslinde y Procedimientos Diversos como “patriotica”, debido a que viene a desjudicializar los procesos de deslindes y los convierte en asuntos administrativos, lo cual, dijeron, fue un reclamo de Asodagrim durante años.
Explicaron que la resolución permitirá que un proceso de registro de propiedad que duraba hasta dos años, ahora se hará entre seis y siete meses.
Además estiman que para este año la resolución garantizará la entrada de unos RD$14,000 millones al Estado por concepto de transferencias inmobiliarias, si se mantiene el récord que hasta ahora se está esperando.
Asimismo señalaron que la Resolución 3643-2016, que aprueba el Reglamento para la Solicitud de Autorización de Mesura para Saneamiento, establece importantes controles para la realización de trabajos de saneamientos parcelarios protegiendo así el derecho de propiedad, sin embargo esta resolución necesita ser revisada pues encarece enormemente este tipo de procesos, costo que recaerá sobre los usuarios
En tanto destacaron que la Resolución 3644-2016, que aprueba el Reglamento para el uso de Coordenadas de la Red de Estaciones y Levantamientos Parcelarios, viene a densificar la cantidad de estaciones permanente que emiten señal para la georeferenciación de los inmuebles reduciendo así la posibilidad de errores, ya que mientras mas CORS disponibles, menos posibilidades de error a la hora de hacer la captura de datos.
También permitirá recuperar y proteger datos catastrales que en los inicios de la aplicación de la ley 108-05 fueron desaparecidos por instrucción de asesores del Poder Judicial en ese entonces, entre el año 2005 a 2010
Mientras que la Resolución 3645-2016, que aprueba el Reglamento Sobre Soluciones de Mensuras Superpuestas tiene como objeto eliminar una serie de trabas burocráticas que existían hasta este momento, facilitando así la depuración y corrección de la cartografía catastral parcelaria que hasta el momento tiene grandes deficiencias, todo esto con el conocimiento de los propietarios de los inmuebles y los agrimensores actuantes en cada operación.

Los directivos de Asodagrim abogan porque estas cuatro resoluciones sean unificadas en un reglamento y mejoradas para corregir las cosas que sean imposible de aplicar y hacerlas mas eficientes, para lo cual plantean presentar al poder judicial una propuesta de reglamento general de mensuras catastrales y un protocolo de revisión de los expedientes, y de este modo facilitar la aprobación de las operaciones presentadas a las Direcciones de Mensuras Catastrales correspondientes.
Sin embargo, lamentan que a pesar de que en el país la Jurisdicción Inmobiliaria a demostrado tener unos niveles de apertura y de empezar a alinearse con lo establecido en la Ley 108-05, tiene grandes retos que enfrentar, los cuales, de no ser solucionados, atentarían contra la seguridad jurídica, lo que trae como consecuencia pérdida de inversión local y extranjera.
Citaron entre ellos la limitación en la cartografía catastral parcelaria, la centralización de muchos procesos y la baja asignación presupuestaria.

Plantearon que la Jurisdicción Inmobiliaria puede resolver el tema de la centralización mediante el uso de tecnología de punta para facilitar la presentación de expedientes.

Pero destacan que el problema de la limitación en la cartografía catastral parcelaria requiere de una fuerte inversión económica, por lo que es el Gobierno central que tiene que asumir ese tema, con la asignación de un mayor presupuesto, al dejar claro que están opuestos a que los recursos que necesita la Jurisdicción Inmobiliaria se obtengan mediante el alza de las tasas por servicios, las cuales dijeron el año pasado aumentaron un 200%.