Encuesta BM revela empresas
sólo reportan mitad de ventas

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Por MARIO MÉNDEZ
La mayor parte de las empresas dominicanas reportan sólo la mitad de las ventas para fines del pago de los impuestos, aunque el cumplimiento en las grandes empresas es mucho más alto, de un 76 por ciento, revela una Encuesta sobre el Clima de Inversión hecha por el Banco Mundial en el país en el último cuatrimestre del año 2005.

Los datos aparecen en el informe “Las Bases del Crecimiento y la Competitividad en la República Dominicana”, divulgado ayer por la representación local del Banco Mundial.

El informe sostiene que “las ineficiencias resultantes la baja recaudación impositivo y la calidad baja o insuficiente de la infraestructura generan, a su vez, aumentos en las tasas impositivas, nuevas regulaciones y mayor evasión, que pasan a formar parte del precario contexto institucional”.

La encuesta revela que existe la “falta generalizada de confianza en las instituciones del gobierno -que se justifica a partir de las acciones inapropiadas de algunos funcionarios públicos, como el pedido de sobornos o la aplicación discrecional de las regulaciones- afecta la voluntad de cumplir con las regulaciones y las leyes, lo que en última instancia, disminuye aún más la eficacia del gobierno y crea un círculo vicioso permanente”.

Señala que ejemplos de esto “son los contratos de adquisiciones públicas con un único proveedor y el bajo nivel de cumplimiento tributario y legal”.

El informe plantea que el cambio de la cultura de gobernabilidad es un reto de gran envergadura, en especial, porque afecta las operaciones diarias de las empresas.

Explica que “la evasión impositiva y los sobornos son habituales, y la captura del estado por algunas empresas y familias poderosas es evidente en muchos aspectos de la toma de decisiones del sector público”.

El informe plantea que a fin de cambiar un sistema basado en las conexiones personales, también llamado “clientelismo”, es fundamental profesionalizar el personal de gobierno y establecer y adoptar reglas y procedimientos claros.

Señala, por ejemplo, que las decisiones respecto de las inversiones públicas deberían ser coherentes con la capacidad presupuestaria, acordada a nivel nacional, y con las prioridades para el desarrollo del país.

Considera que para lograr esto, es necesario fortalecer la capacidad de planeamiento del gobierno, además de introducir procedimientos y controles presupuestarios que permitan garantizar que el gasto se realice de acuerdo con las asignaciones del presupuesto.

Recuerda que el gobierno adoptó recientemente un sistema de gestión financiera del sector público para mejorar los controles presupuestarios, pero que en la mayoría de las agencias gubernamentales aún no ha terminado de ponerlo en práctica.

“Una mejora en la ejecución del presupuesto debería complementarse con iniciativas para mejorar la recaudación de impuestos, a fin de reducir la tasa impositiva mediante un aumento en el cumplimiento y una ampliación de la base imponible”, explica el informe.

Plantea que también es posible mejorar la gestión de recursos públicos mediante la creación de un registro de activos y el diseño de un inventario de funcionarios públicos, a fin de deshacerse de los “empleados fantasma” y de los que perciben un doble ingreso.

“Los procedimientos de adquisición pública constituyen otra área en la que la reforma podría reportar grandes beneficios económicos”, explica el informe.

Costo: US$1,000 millones en un año

La crisis del sector eléctrico tuvo un costo para la economía dominicana superior a los US$1,000 millones sólo en el 2005, según el informe Las Bases del Crecimiento y la Competitividad en la República Dominicana, del Banco Mundial.

El informe, divulgado ayer, revela que una Encuesta sobre el Clima de Inversión hecha por el Banco Mundial en el cuarto cuatrimestre del pasado año, arroja que el principal problema que enfrentan las empresas dominicanas es la electricidad, seguido de la corrupción y “la delincuencia, el robo y el desorden”.

En tercer lugar está el problema de la inestabilidad macroeconómica; el cuarto, la incertidumbre sobre regulaciones y política económica; el quinto, las prácticas anti-competitivas, y el sexto las tasas de impuestos.

En cuanto al costo de más de US$1,000 millones que el informe estima tuvo la crisis eléctrica el pasado para la economía dominicana, equivalente a 5% del Producto Interno Bruto (PIB), US$550 millones correspondieron a subsidios; US$400 millones se utilizaron para instalar y mantener la capacidad de autogeneración del sector comercial e industrial, y al menos entre US$150 millones y US$2000 millones, se destinaron a la capacidad de autogeneración del sector residencial.

“Este desembolso representa un costo económico muy elevado, ya que aumentó los costos de producción en forma directa e indirecta, debido a la falta de un servicio confiable y a la consecuente necesidad de energía autogenerada, con lo que en última instancia, se desalienta la inversión y disminuye la competitividad”, explica.

El informe considera que los mayores responsables de la crisis son la capacidad institucional y la supervisión deficiente, lo que constituye otro ejemplo de los elevados costos de una gobernabilidad débil”.

“El enrevesado camino que va de los deficientes servicios públicos provistos por el gobierno a la privatización, luego a los subsidios implícitos y, finalmente, a la reestatización no resuelve los problemas de la calidad deficiente del servicio, que sigue siendo agravada por las conexiones ilegales y la falta de pago, e impone un costo exorbitante para el gobierno y los consumidores”, explica.

Agrega que “la reforma se ha visto retrasada o bloqueada por la falta de transparencia, de rendición de cuentas públicas y de un consenso político más amplio sobre el tema, y por una insuficiente voluntad política de impulsar una resolución”.

Explica que las empresas distribuidoras de electricidad se han dado una estrategia para reducir las pérdidas que incluye racionalizar el suministro de energía para ofrecer más a los circuitos con menos pérdidas, e instalar nuevos medidores y reemplazar a los más viejos.

También las distribuidoras buscan capturar como clientes a usuarios que actualmente se conectan al sistema de manera ilegal, e inspeccionar los medidores  y otros dispositivos que puedan sufrir manipulaciones.

Además, las distribuidoras tratan de investigar el fraude electrónico sofisticado en el que puedan estar incurriendo grandes clientes y buscar corregir las anomalías técnicas de los equipos.

Sin embargo, el informe afirma que los esfuerzos realizados fueron débiles y no generaron m{as que mejoras modestas en el Índice de Recuperación de Efectivo (CRI, en inglés), “que están lejos de alcanzar los objetivos del gobierno”.

“Si bien la persecución de los grandes consumidores comerciales que no pagan el servicio tendría un gran efecto en los costos, y además constituiría una señal de que la conducta ya no será tolerada, hasta el momento, el progreso a sido muy limitado en esta área”, afirma.

El informe plantea algunas otras medidas para aumentar el esfuerzo en esa dirección, como son instalar medidores electrónicos “online” para los grandes clientes, a fin de hacer un seguimiento continuo del consumo y detectar las anomalías de gravedad, y facilitar el pago de las facturas residenciales, expandiendo la cantidad de centros de pago y sus horarios de atención.

También sugiere volver a contratar los equipos de trabajo especializados en servicio técnico y comercial utilizados pro EdeNorte y EdeSur antes de la estatización, para examinar y reparar los medidores y conectar o desconectar el servicio.

Además, recomienda poner en marcha un programa piloto para diseñar las instalaciones de distribución d bajo voltaje con el fin de dificultar las conexiones ilegales y la manipulación de los dispositivos.

Asimismo, favorece desarrollar una campaña de comunicación eficaz para educar al público acerca de la estrategia de la reforma, involucrar a las comunidades en un diálogo constructivo, y crear consenso sobre el proceso de reforma con acciones que podrían ayudar a generar el apoyo del público para respaldar las duras medidas que sean necesarias.


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