Desde la perspectiva del poder, la señal roja de la alerta parece invisible. El endeudamiento recurrente se aproxima al umbral que activa la señal que nos avisa que estamos a punto de quedar impedidos de cubrir nuestras obligaciones internas para poder hacerle frente a las externas. Las calificadoras de riesgo-país nos elogian por esa virtud de buen pagador y esto nos habilita para colocar bonos por US$1,250 millones en condiciones bastante blandas. Y así, nos hundimos más en el débito.

Por mucho tiempo, las recaudaciones fiscales no alcanzan para financiar el Presupuesto General del Estado, y el endeudamiento, local y externo, parece la única salida para quienes han estado manejando el país. En esas circunstancias y condiciones es que crece la economía, pero una buena parte de su tamaño no le pertenece al país en términos reales. Es deuda acumulada que alimenta el círculo vicioso.

Los expertos en economía que alertan sobre la proximidad del umbral son vistos con ojeriza. Estarían del lado de la oposición, parecería decir el Gobierno. Pero cada día se busca más dinero prestado para cubrir el presupuesto y cada día debemos pagar cantidades mayores por los servicios de la deuda. Y los veedores en el poder siguen sin advertir la luz roja de alerta. Esa actitud descontrolada nos está acercando peligrosamente a la insolvencia.

Requisitos para un buen pacto

El Gobierno jamás ha cumplido el mandato de la Ley 166-03 que dispone para los municipios el 10% del Presupuesto General del Estado. A su vez, los gobiernos municipales han sido poco dados a la transparencia en el manejo de los recursos que reciben. Ahora Poder Ejecutivo y los gobiernos municipales se aproximan a la firma de un pacto para hacer valer lo que desde hace tiempo es un violado mandato de ley.

Creemos que la firma de este pacto es más que propicia para que ambas partes cumplan con lo que les corresponde. Así, el Gobierno debe ser fiel al compromiso de otorgar a los municipios el 10% del Presupuesto, y los gobiernos municipales deben comprometerse a cumplir los protocolos que les obligan a rendir cuentas de la manera en que invierten esos recursos, y actuar con la debida transparencia. Enhorabuena si el pacto logra lo que nunca ha logrado la ley.